Denuncian irregularidades en notificaciones de decisiones judiciales

Una denuncia pone bajo la lupa a una presunta organización en el sistema judicial colombiano, dedicada a falsas notificaciones judiciales por correo electrónico.

Esta red estaría manipulando procesos para generar decisiones perjudiciales y “sentencias exprés” contra ciudadanos, vulnerando sistemáticamente el derecho fundamental al debido proceso.

El núcleo de esta operación fraudulenta radicaría en el uso del término técnico “Queued Mail For Delivery”. Según las denuncias, este mensaje indica que un correo electrónico enviado por la parte actora no ingresó de manera efectiva a la bandeja de entrada del destinatario.

Se indicó que la presunta organización estaría utilizando este reporte para dar por notificada a la persona de forma ilegal, ignorando la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia y el Tribunal Superior de Cundinamarca de la cual se puede inferir esta práctica como un “falso positivo” en la notificación.

Según la denuncia, esta estrategia estaría diseñada para impedir que las víctimas ejerzan su derecho a la defensa y contradicción. Al no tener conocimiento de la demanda, los procesados no pueden presentar pruebas, lo que resulta en fallos judiciales relacionados con despojo de propiedades.

El caso de Olga Chery 

Uno de los casos es el de la señora Olga Chery, quien se encuentra en medio de un conflicto judicial por un edificio en la ciudad de Bogotá.

Expertos en notificaciones advierten que la simple remisión de un correo no garantiza el conocimiento efectivo de la actuación judicial.

Señalan que la jurisprudencia actual determina que cualquier actuación basada en estos errores técnicos debe ser declarada como nulidad absoluta e insaneable.

Un llamado a la reforma

Estas supuestas irregularidades han llevado a un llamado urgente para que los organismos de control y las altas cortes realicen una auditoría tecnológica y una revisión integral de los procedimientos de notificación electrónica.

Se exige que los funcionarios judiciales se capaciten en estándares internacionales de Derechos Humanos para detener lo que las víctimas califican como una “injusta justicia” y corrupción sistémica.