En un pronunciamiento conjunto, las principales empresas transportadoras de gas natural del país —Promigas, TGI (filial del Grupo Energía Bogotá), Promioriente, Transmetano y Transoccidente— rechazaron de manera categórica las recientes afirmaciones sobre supuestos cobros excesivos al usuario final.
La controversia surgió tras un comunicado emitido el 4 de marzo de 2026 por el Ministerio de Minas y Energía y la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG). En dicho documento, las autoridades sugerían la existencia de sobrecostos para los usuarios, derivados de la tasa de descuento aplicada al transporte de gas, y planteaban la necesidad de una devolución de recursos.
Las compañías del sector defendieron su gestión, asegurando que han aplicado de forma estricta, transparente y rigurosa toda la normativa expedida por la CREG. Según las transportadoras, tanto la metodología tarifaria como la tasa de descuento vigente se han implementado correctamente según la actividad de transporte de gas.
En consecuencia, las empresas fueron enfáticas al señalar que no han generado ni trasladado sobrecostos a los usuarios y, por lo tanto, consideran que no existe base legal para realizar devoluciones de dinero.
El precedente de Transmetano y la vía judicial
Como respaldo a su posición, las transportadoras citaron un laudo arbitral del 11 de febrero de 2026, el cual resolvió una disputa entre Transmetano y EPM precisamente sobre la tasa de descuento. En dicho proceso, se concluyó que la transportadora actuó conforme a la regulación y aplicó la tasa correcta.
A pesar de las declaraciones del Gobierno, las empresas informaron que, hasta la fecha, no han recibido ninguna notificación oficial sobre una decisión administrativa que ordene la devolución de recursos.
No obstante, advirtieron que, una vez se conozcan los actos administrativos correspondientes, analizarán su alcance técnico y jurídico. De ser necesario, las compañías manifestaron su intención de acudir a instancias judiciales para garantizar la seguridad jurídica y el respeto al ordenamiento legal colombiano.
Finalmente, las transportadoras reiteraron su compromiso con la prestación eficiente del servicio y la observancia del marco normativo vigente, elementos que consideran esenciales para la estabilidad del sector energético en el país.
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