La permanencia de Carlos Camargo en la Corte Constitucional, quien fue el ponente de la caída de la emergencia económica, se encuentra bajo un intenso escrutinio público y judicial.
Mientras el magistrado se mantiene firme en su cargo, una red de nombramientos realizados durante su paso por la Defensoría del Pueblo sugiere una estrategia de “blindaje” que habría facilitado tanto su postulación como la actual parálisis de las 15 demandas que buscan anular su elección.
El núcleo de la controversia actual radica en el Consejo de Estado, tribunal encargado de tramitar las demandas de nulidad contra Camargo. Según fuentes judiciales, el magistrado habría entregado cargos a familiares de los mismos consejeros que hoy deciden su suerte.
Uno de los casos más notorios es el del magistrado Omar Joaquín Barreto, miembro de la Sección Quinta (instancia que define la nulidad), cuyo hijo, Joaquín Andrés Barreto Rodríguez, fue nombrado por Camargo como profesional en la Oficina de Comunicaciones de la Defensoría. Aunque Barreto se declaró impedido, lo hizo alegando una “amistad íntima” y no el nombramiento de su familiar.
Aún más crítico es el caso del magistrado Luis Alberto Álvarez Parra, también de la Sección Quinta. Su hija, Valentina Álvarez Sanabria, recibió dos nombramientos en la Defensoría bajo la administración de Camargo, siendo incluso promovida a la Oficina de Asuntos Internacionales.
A diferencia de su colega, Álvarez Parra no se ha apartado del proceso y, por el contrario, ha firmado autos que, según los demandantes, dilatan el proceso al mantener el expediente en la Secretaría mientras se decide sobre la acumulación de procesos.
El origen: “Yo te elijo, tú me nombras”
La sombra del clientelismo judicial también se extiende a la Corte Suprema de Justicia, entidad que nominó a Camargo para el alto tribunal.
Investigaciones periodísticas de la Silla Vacía y Caracol Radio, revelaron que Camargo otorgó puestos a familiares de siete de los 22 magistrados (aproximadamente el 30%) de dicha corporación. Esposas, hijos y hermanos de quienes debían evaluarlo fueron contratados mientras él era Defensor del Pueblo.
Este esquema ha sido comparado con el caso de Alejandro Ordóñez en 2016, cuya elección fue anulada precisamente por realizar nombramientos a familiares de quienes influyeron en su designación, violando el artículo 126 de la Constitución.
Nombramientos cuestionables y “engavetamiento”
La gestión de Camargo en la Defensoría no solo estuvo marcada por el favorecimiento a familiares de magistrados. También se documentó la contratación de Rommel Polanco Padilla, un exfiscal condenado por recibir sobornos y vinculado a redes de venta de fallos en el Consejo de Estado.
Ante lo que consideran una “inexplicable demora”, los demandantes, liderados por el abogado José Fernando Gutiérrez, han interpuesto solicitudes de impulso procesal para intentar sacar el caso del “engavetamiento” en el que se encuentra sumergido en el Consejo de Estado.
Por su parte, el magistrado Camargo ha defendido su proceder, asegurando que su renuncia a la Defensoría —realizada tres meses antes de terminar el periodo para no quedar inhabilitado— no fue premeditada y que en sus actuaciones “no hay un conflicto ético” ni infracción legal.
Sin embargo, la efectividad y el disimulo con los que ha repartido cargos entre sus electores y jueces parecen ser, hasta ahora, su mejor defensa.
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