Decreto 0369: Asofondos advierte riesgos para el ahorro y las pensiones de los colombianos

La Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantía (Asofondos) manifiesta su firme rechazo al recientemente expedido Decreto 0369, el cual impone restricciones a las inversiones internacionales de los ahorros pensionales de los trabajadores.

Según el gremio, esta medida pone en riesgo el ahorro de los afiliados y reducirá el monto de sus futuras pensiones al afectar directamente la rentabilidad y la diversificación de los recursos.

Para Asofondos, el decreto vulnera el principio fundamental de diversificación y el modelo de Multifondos establecido en 2009, el cual permite gestionar los ahorros según el nivel de riesgo de cada afiliado. La limitación de activos en el exterior se traduciría en menores rendimientos, lo que dificultaría que los trabajadores acumulen el capital necesario para obtener una renta vitalicia.

Esta situación no solo impacta a los ciudadanos, sino que también genera presiones adicionales sobre las finanzas públicas y la sostenibilidad del sistema, una preocupación que ya ha sido advertida por la Contraloría General de la República.

El diagnóstico de la inversión local

Andrés Velasco, presidente de Asofondos, explicó que limitar las inversiones externas va en contravía del deber fiduciario de administradoras como Colfondos, Porvenir, Protección y Skandia, cuyo mandato es priorizar el crecimiento del ahorro a largo plazo. Velasco señaló que el Gobierno parte de un diagnóstico equivocado, pues la falta de una mayor inversión local no se debe a la voluntad de las AFP, sino a la escasez de proyectos nacionales idóneos, seguros y rentables.

Además, destacó que el “desorden fiscal” ha elevado las tasas de interés que el Gobierno paga, representando un alto costo de oportunidad para los inversionistas.

Inconsistencias jurídicas y constitucionales

El gremio recordó que, según el artículo 48 de la Constitución Nacional, los ahorros pensionales tienen una destinación específica: financiar las pensiones de los afiliados. En contraste, el objetivo del decreto parece ser “contribuir a la financiación de las necesidades de inversión del país“, un propósito que Asofondos considera loable pero ajeno a la finalidad exclusiva de maximizar el monto de las jubilaciones futuras.

Ante este escenario, las AFP están evaluando acciones judiciales para proteger los recursos de los trabajadores y analizar posibles conflictos con la Ley 100 y otras disposiciones del régimen de inversiones vigente.

Implementación y plan de ajuste

A pesar de su desacuerdo, el sector indicó que respetará las normas vigentes. El decreto establece un plazo de seis meses para que las administradoras presenten ante la Superintendencia Financiera un plan de ajuste gradual.

Este plan deberá contemplar que la totalidad de los flujos provenientes de nuevas cotizaciones se destinen a inversiones nacionales hasta cumplir con el nuevo límite global definido por la normativa.

Asofondos solicitará claridad a las autoridades para la implementación de estas medidas mientras se define el futuro jurídico de la norma.