La Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, informó que el número de víctimas de ejecuciones extrajudiciales, conocidas como “falsos positivos”, aumentó de 6.402 a 7.837 casos documentados en todo el territorio nacional.
Esta nueva cifra fue revelada por el magistrado Pedro Díaz durante una audiencia del Caso 03 en Apartadó, Antioquia, en el marco de las investigaciones por la masacre de La Resbalosa.
Según explicó la magistratura, este consolidado tiene un carácter provisional y abarca hechos registrados entre 1990 y 2016, lo que representa una ampliación significativa del espectro investigativo.
¿Por qué aumentó la cifra?
El presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, detalló que el incremento responde a dos factores fundamentales: Ampliación del periodo de análisis:
Inicialmente, el estudio se centraba en el periodo de mayor criticidad entre 2002 y 2008. No obstante, la investigación se extendió ahora desde 1990 hasta 2016, permitiendo capturar casos que no estaban en el universo inicial.
Cruce de nuevas bases de datos: El Grupo de Análisis de la Información incorporó fuentes que no habían sido consideradas previamente, como registros de la Procuraduría, bases de datos de la Fiscalía, informes del Centro Nacional de Memoria Histórica y cerca de mil reportes entregados directamente por las víctimas.
Un universo en construcción
La JEP advirtió que es “muy probable” que la cifra continúe en aumento. Esto se debe a que todavía falta integrar los datos provenientes de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, donde comparecientes que no son considerados máximos responsables siguen revelando ejecuciones y desapariciones que nunca fueron investigadas por la justicia ordinaria.
Para las organizaciones de víctimas, este anuncio valida sus denuncias históricas. Jaqueline Castillo, representante del colectivo Madres de Víctimas de Falsos Positivos, señaló que siempre supieron que la cifra era superior a los 6.402 casos y destacó que, aunque el horror vivido sea difícil de cuantificar con exactitud, se está demostrando la magnitud real del fenómeno.
El caso de Antioquia y el nivel nacional
En el caso específico de Antioquia, uno de los más críticos, la JEP ya tiene documentadas 589 víctimas, de las cuales 228 fueron desaparecidas forzadamente.
A nivel nacional, la Sala de Reconocimiento ha vinculado a 40 máximos responsables de la Cuarta Brigada y diversos batallones, logrando que siete de once comandantes de batallón acepten su responsabilidad.
Simultáneamente, la JEP avanza en el análisis de la responsabilidad del nivel nacional, llamando a versiones voluntarias a altos mandos de la época, como los generales Reinaldo Castellanos y Mario Montoya, para esclarecer la cadena de mando en estas operaciones ilegítimas.
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