El Consejo de Estado ha suspendido de manera provisional los efectos del Decreto 0182 de 2026. Esta norma, emitida por el Gobierno Nacional, pretendía una reestructuración profunda del aseguramiento en salud bajo criterios estrictamente territoriales y poblacionales.
La medida cautelar se produce tras una demanda interpuesta por la representante a la Cámara Katherine Miranda, quien argumentó que la normativa vulneraba derechos fundamentales de los usuarios.
El eje central de la controversia radica en que el decreto limitaba el número de EPS permitidas para operar en cada región según su densidad poblacional. Según el análisis preliminar de la magistrada ponente, este modelo de reorganización podría afectar el derecho fundamental a la salud, así como los principios de accesibilidad, continuidad y calidad del servicio.
Uno de los puntos más críticos señalados en la demanda es el riesgo de un traslado forzoso de millones de usuarios. Al reducirse el número de aseguradoras habilitadas por municipio o departamento, los afiliados de aquellas entidades que quedaran fuera de los nuevos umbrales tendrían que ser redistribuidos forzosamente hacia las EPS remanentes.
Existe una preocupación particular sobre el impacto de esta medida en la Nueva EPS. Según las advertencias de la representante Miranda y los argumentos de la demanda, una gran parte de los afiliados terminaría en dicha entidad, la cual actualmente enfrenta serias dificultades operativas y de respuesta ante la demanda de servicios.
Un modelo basado en umbrales poblacionales
El Decreto 0182 establecía criterios rígidos para la permanencia de las aseguradoras. Entre las reglas ahora suspendidas se encontraban:
En departamentos: Se exigían participaciones mínimas de afiliados que variaban según la población, yendo desde el 5% en zonas con más de 2 millones de habitantes hasta el 15% en territorios con menos de 390.000 personas.
En municipios: Se limitaba el número de EPS autorizadas. Por ejemplo, en municipios de entre 30.001 y 50.000 habitantes, solo podrían operar hasta 3 EPS, excluyendo a todas aquellas con una participación inferior al 3%.
El argumento del Gobierno frente al estudio de fondo
Desde la perspectiva del Ejecutivo, el decreto buscaba ordenar el sistema, reducir la fragmentación del servicio y mejorar la cobertura en las regiones más apartadas del país. No obstante, el alto tribunal consideró necesario frenar la aplicación de estas medidas mientras se estudia de fondo la legalidad de la norma.
Por ahora, la organización territorial de las EPS regresa al estado previo a la firma del decreto, garantizando temporalmente que no se produzcan los traslados masivos previstos bajo el modelo de umbrales territoriales. El proceso judicial continuará hasta determinar si la norma se ajusta o no al marco legal y constitucional vigente.
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