La región Caribe colombiana se encuentra en un estado de máxima alerta ante la posible suspensión de los contratos de suministro de gas por parte de la empresa Canacol Energy.
La compañía, que se declaró insolvente ante un tribunal en Canadá, ha solicitado autorización para incumplir sus contratos de suministro firmados en Colombia, un hecho que la Superintendencia de Sociedades deberá revisar y que genera profunda preocupación en el sector energético.
Canacol Energy es actualmente el segundo productor de gas más importante del país, después de Ecopetrol, con una participación del 17% en el mercado nacional. Su relevancia es aún mayor en el norte del país, donde representa aproximadamente el 50% del abastecimiento de la demanda de la Costa Caribe.
Aunque históricamente suministraba cerca de 140 millones de pies cúbicos diarios, recientemente esta cifra se redujo a 70 millones debido a dificultades en sus campos de desarrollo.
Expertos y exfuncionarios, como el exministro Amylkar Acosta, advierten que no habría forma de suplir el volumen de gas que Canacol dejaría de entregar.
La razón principal es que la única planta de regasificación de Colombia, la SPEC en Cartagena, por El Niño operaría a plena capacidad para atender solo a las térmicas.
Las distribuidoras más afectadas
Esta situación configura lo que se ha denominado una “tormenta perfecta” debido a la coincidencia con el fenómeno de El Niño.
Con una probabilidad del 90% de presentarse en el segundo semestre del año, el sistema eléctrico nacional dependería del respaldo de las plantas térmicas, las cuales podrían necesitar suministrar más del 30% de la energía del país; sin embargo, para operar, estas plantas requieren un suministro constante de gas natural que hoy está en duda.
Las empresas distribuidoras más afectadas por su alta dependencia de Canacol serían Surtigas, Gases de La Guajira, Gases del Caribe y Gasoriente.
Así las cosas, de concretarse el incumplimiento de los contratos, la región se vería abocada a una situación compleja que incluye posibles racionamientos, presiones al alza en los costos del servicio y afectaciones directas a usuarios residenciales e industriales, elevando incluso el riesgo de un eventual apagón a nivel nacional.
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