El gobierno del presidente Rodrigo Paz, a tan solo seis meses de haber asumido el poder, atraviesa su momento más crítico ante una ola de protestas y bloqueos que han dejado a la capital boliviana virtualmente cercada.
Lo que comenzó como un reclamo sectorial por aumentos salariales ha escalado a una crisis política profunda donde diversos sectores sociales exigen ahora, de manera unánime, la dimisión inmediata del mandatario.
Desde hace más de once días, Bolivia se encuentra atravesada por fuertes reclamos que afectan principalmente a la ciudad de La Paz, la cual sufre un severo desabastecimiento de alimentos, combustibles e insumos médicos críticos, como el oxígeno en los hospitales.
La movilización es liderada por la Central Obrera Boliviana (COB) y la Federación de Campesinos de La Paz ‘Tupac Katari’ (conocidos como los ‘Ponchos Rojos’), a quienes se han sumado maestros urbanos y rurales, así como mineros cooperativistas.
Plan “motosierra” el detonante
El detonante de esta situación radica en el plan económico de “motosierra” implementado por Paz a fines de 2025, que incluyó la eliminación de subsidios a los combustibles, provocando un alza del 86% en la gasolina y más del 160% en el diésel.
Aunque inicialmente la COB exigía un incremento salarial del 20%, la negativa del gobierno y la crisis inflacionaria transformaron la protesta en un movimiento político que hoy afirma: “Ya no queremos diálogo, queremos que se vaya”.
Respuesta oficial y riesgo de violencia
Ante la magnitud del asedio, el Ejecutivo desplegó el operativo “Corredor humanitario”, movilizando a 3.500 efectivos (2.500 policías y 1.000 militares) para intentar liberar las rutas nacionales.
Los enfrentamientos han sido violentos; mientras las fuerzas de seguridad usan la fuerza para despejar las vías, los manifestantes han respondido con piedras y cargas de dinamita. Hasta la fecha, se reportan dos víctimas mortales que no pudieron recibir atención médica debido a los bloqueos en las rutas.
A pesar de la presión, el gobierno ha descartado tajantemente la renuncia de Paz. El ministro de Planificación, Fernando Romero, calificó el pedido de dimisión como un “riesgo para la democracia“, mientras que el vocero presidencial, José Luis Gálvez, tildó las movilizaciones de “conspiración“.
El factor Evo Morales y el respaldo internacional
La administración de Paz ha denunciado que estas protestas están siendo incentivadas por seguidores del expresidente Evo Morales con el fin de desestabilizar el país.
En este contexto, seguidores de Morales han bloqueado el aeropuerto de Chimoré para evitar cualquier operativo policial contra su líder.
En el plano internacional, el panorama es dividido: Estados Unidos ha emitido un comunicado respaldando a Rodrigo Paz y denunciando planes de desestabilización, considerando al mandatario un aliado clave en la región.
Por otro lado, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, calificó la situación como una “insurrección popular” y ofreció su mediación para buscar una salida negociada al conflicto.
Con las principales arterias del país aún cerradas y los sectores sociales en vigilia permanente, Bolivia aguarda los resultados de las reuniones de emergencia convocadas por el Ejecutivo para evitar un mayor derramamiento de sangre y buscar una salida a una crisis que parece no tener retorno en las calles.
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