La seguridad energética de Colombia se encuentra en un punto crítico tras conocerse una decisión de la Corte del King’s Bench de Alberta, Canadá, que autoriza a la empresa Canacol Energy a finalizar de manera anticipada y unilateral sus contratos de suministro y transporte de gas natural.
Ante este panorama, la Asociación Colombiana de Gas Natural (Naturgas) y la Asociación Colombiana de Grandes Consumidores de Energía Industriales y Comerciales (Asoenergía) han manifestado una profunda preocupación, haciendo un llamado urgente a las autoridades nacionales para proteger el abastecimiento del país.
El impacto de esta medida es particularmente sensible en la región Caribe, donde la operación de Canacol es un pilar fundamental. La compañía cubre actualmente el 35,8% del abastecimiento de gas en esta zona, llegando a siete departamentos y diversos municipios de Norte de Santander.
A nivel nacional, el volumen comprometido por la productora representa cerca del 7,5% del suministro total, lo que pone en riesgo la atención de hogares, comercios e industrias que dependen de este recurso.
Sobre este fallo, Luz Stella Murgas, presidente de Naturgas, aseguró: “Es imperativo acudir a mecanismos que puedan mitigar la incertidumbre jurídica o agrave la declinación de la producción de la compañía en Colombia. Desde Naturgas reiteramos que la terminación de obligaciones contractuales no son la única, ni la última opción viable cuando lo que está en juego es la protección del abastecimiento de gas natural sin sacrificar la prestación del servicio, la confianza del sistema y la seguridad energética de los colombianos”.
Silvana Habib Daza, Directora Ejecutiva de Asoenergía, advirtió que la incertidumbre sobre el suministro envía señales negativas para la inversión y pone en peligro la continuidad de las operaciones productivas. Según la directiva, la seguridad energética es un requisito indispensable para mantener el empleo y avanzar en las políticas de reindustrialización del país.
La ley colombiana como barrera de protección
A pesar de la gravedad del fallo extranjero, las asociaciones aclararon que la terminación de los contratos no es automática ni masiva. Para que la decisión tenga efecto en territorio colombiano, debe ser notificada a la Superintendencia de Sociedades, activando un proceso de validación interna.
Este análisis busca determinar si la medida afecta el orden público, la seguridad o la estabilidad social, dado que la legislación colombiana prevalece sobre decisiones de tribunales internacionales en estas materias.
Murgas reiteró que la terminación de obligaciones contractuales no debe ser la opción principal cuando está en juego la confianza del sistema y la prestación de un servicio esencial para más de 36 millones de colombianos.
Llamado a la acción gubernamental
Ambos gremios han instado a la Superintendencia de Sociedades, la Superintendencia de Servicios Públicos y la Agencia Nacional de Hidrocarburos a intervenir para garantizar la estabilidad del sector. Naturgas y Asoenergía reiteraron su disposición para trabajar con el Gobierno Nacional con el fin de preservar las “reglas de juego” y asegurar que la infraestructura energética del país no se vea comprometida por este litigio internacional.
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