La derogatoria de 11 circulares expedidas durante el gobierno de Gustavo Petro abrió una nueva controversia entre el Ministerio del Trabajo y las organizaciones sindicales. El exministro del Trabajo, Antonio Sanguino, y la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) cuestionaron la medida y alertaron sobre sus posibles consecuencias para la protección de los trabajadores.
La decisión fue adoptada mediante la Resolución 2708 del 20 de agosto de 2026, firmada por la ministra del Trabajo, Natalia Eugenia López Fuentes. Su objeto es derogar y dejar sin efectos 11 circulares, además de adoptar medidas para depurar los lineamientos administrativos de la entidad.
“¡Empiezan a convertir al Ministerio del Trabajo en un Ministerio antiderechos!”, afirmó Sanguino en su cuenta de X. El exfuncionario también llamó a las organizaciones obreras a responder mediante la movilización y planteó la posibilidad de una huelga general frente a lo que considera un desmonte de las garantías laborales construidas durante el anterior gobierno.
La reacción sindical fue igualmente contundente. El Comando Nacional Unitario, integrado por la CUT, la Confederación General del Trabajo (CGT) y las confederaciones de pensionados CPC y CDP, rechazó la resolución porque las circulares derogadas contenían orientaciones relacionadas con la protección de derechos laborales y el ejercicio de las funciones de inspección, vigilancia y control.
“Las organizaciones que integran la Plataforma Laboral rechazamos la Resolución 2708 del 20 de agosto de 2026, mediante la cual el Ministerio del Trabajo deroga once circulares que establecían lineamientos para la protección y garantía de derechos laborales”, señalaron las organizaciones en un comunicado.
Las centrales advirtieron que una revisión jurídica de los actos administrativos no debe traducirse en un vacío de protección. En su pronunciamiento sostuvieron que la depuración administrativa no puede convertirse en desregulación laboral ni representar un retroceso en materia de derechos.
También exigieron que, si el Ministerio considera necesario modificar o sustituir las circulares, primero establezca mecanismos que mantengan las garantías que estas buscaban desarrollar.
Fabio Arias, presidente de la CUT, atribuyó la decisión al giro político de la nueva administración. “El Tigre inicia desde el Ministerio del Trabajo, con la doctora Natalia López Fuentes, el desmonte de los derechos laborales y sindicales”, escribió el dirigente.
Los argumentos del Ministerio
La cartera laboral justificó la derogatoria en criterios de competencia, reserva legal, debido proceso y jerarquía normativa. Según la resolución, varias circulares desbordaron su naturaleza jurídica al crear obligaciones, procedimientos, cargas o consecuencias que requerían respaldo legal o reglamentario.
El Ministerio afirmó que las circulares deben limitarse a orientar y coordinar la actuación administrativa. No pueden convertirse, por sí mismas, en fuentes autónomas de obligaciones ni establecer facultades que la Constitución o la ley no hayan reconocido previamente.
Los documentos retirados habían sido expedidos entre septiembre de 2025 y julio de 2026. Incluían lineamientos relacionados con libertad y permisos sindicales, jornada laboral, horas extras, estabilidad laboral reforzada, trabajo doméstico, plataformas digitales de reparto, negociación colectiva y aplicación de la reforma laboral.
Entre las circulares cuestionadas figura la 0032 de 2026, relacionada con libertad sindical y permisos sindicales. También aparecen la 0040, sobre jornada y trabajo suplementario en la vigilancia privada, y la 0049, que contenía orientaciones para la terminación de contratos de personas con estabilidad laboral reforzada.
La resolución también afecta lineamientos sobre inspecciones en viviendas donde trabajan empleadas domésticas, cálculo de remuneraciones por horas o a destajo, garantías para trabajadores de plataformas digitales y conformación de comisiones sindicales de negociación.
La derogatoria no elimina las leyes laborales
Expertos indican que desde el punto de vista jurídico, la resolución no suprime automáticamente los derechos reconocidos por la Constitución, el Código Sustantivo del Trabajo, la reforma laboral, los decretos reglamentarios o las decisiones judiciales. Lo que desaparece es la posibilidad de utilizar las 11 circulares como fundamento administrativo autónomo.
La decisión tampoco anula de manera automática las actuaciones administrativas iniciadas antes de su entrada en vigor. La resolución contempla medidas para revisar los procedimientos en curso y ordena evaluar si algunos de los asuntos necesitan nuevos instrumentos jurídicos ajustados a las competencias del Ministerio.
Para las organizaciones sindicales, sin embargo, la desaparición inmediata de estos lineamientos puede debilitar la labor de los inspectores y generar incertidumbre mientras se diseñan eventuales reemplazos. En contraste, sectores empresariales como Fenalco celebraron la medida, al considerar que corrige problemas de seguridad jurídica y evita que documentos administrativos impongan cargas no previstas en la ley.
La controversia anticipa una disputa jurídica y política sobre el alcance de la resolución. Mientras el Ministerio presenta la medida como una corrección técnica orientada a respetar la jerarquía normativa, Sanguino y la CUT la interpretan como el primer paso de una política regresiva en materia laboral. El punto decisivo será si la cartera expide nuevos lineamientos que preserven las garantías existentes o deja vacíos en asuntos sensibles para trabajadores, sindicatos e inspectores.
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