El Decreto 1368 de 2026 restablece la vigencia de los permisos individuales de porte que se encuentren vigentes. La medida no autoriza el porte libre de armas y mantiene los controles establecidos por la ley.
El Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella levantó la suspensión general de los permisos para el porte de armas de fuego que estaba vigente en todo el territorio nacional, mediante el Decreto 1368 del 8 de septiembre de 2026.
La decisión modifica la política que había restringido de manera general el porte de armas durante los últimos años y permite que quienes ya cuentan con un permiso individual vigente puedan volver a ejercer la facultad de portar el arma autorizada, siempre que no exista una medida que lo impida.
El decreto establece que las autoridades militares deberán adoptar las medidas necesarias para restablecer la eficacia de los permisos de porte que estén vigentes y que no hayan sido suspendidos, cancelados, revocados o afectados por alguna prohibición legal o judicial.
No significa porte libre de armas
Uno de los principales puntos aclarados por el Gobierno es que el levantamiento de la suspensión no convierte a Colombia en un país de porte libre de armas.
El Decreto 1368 señala expresamente que la medida no crea nuevos derechos ni modifica los requisitos, condiciones, restricciones y controles previstos en el Decreto Ley 2535 de 1993 y las demás normas aplicables.
En consecuencia, una persona que no tenga un permiso vigente no queda automáticamente autorizada para portar un arma de fuego.
Además, quedan por fuera de la medida las armas cuyos permisos estén vencidos, suspendidos, cancelados o revocados, así como aquellas sometidas a decomiso o a una prohibición judicial o administrativa. Tampoco se habilita el porte cuando el permiso autoriza exclusivamente la tenencia.
¿Qué cambia para quienes ya tienen salvoconducto?
La principal modificación está en que los titulares de permisos de porte vigentes ya no tendrán que tramitar una autorización especial adicional que se exigía mientras estaba vigente la suspensión general.
El decreto establece que estos ciudadanos podrán ejercer las facultades derivadas de sus permisos, pero únicamente respecto del arma o las armas específicamente amparadas y bajo las condiciones establecidas en cada autorización.
El Gobierno también ordenó actualizar los sistemas de información para que las autoridades puedan diferenciar entre permisos vigentes y aquellos que estén vencidos, suspendidos, cancelados, revocados o sujetos a cualquier otra restricción.
Una medida que cambia la política de seguridad
El presidente Abelardo de la Espriella defendió la decisión como una forma de fortalecer la capacidad de defensa de los ciudadanos que cumplen con los requisitos legales.
El mandatario argumentó que durante años se restringió a quienes tienen permisos mientras las organizaciones criminales continuaron utilizando armas ilegales. Según su planteamiento, la medida busca que los ciudadanos autorizados puedan ejercer nuevamente su derecho a la legítima defensa.
La decisión también cumple una de las principales promesas de campaña del jefe de Estado en materia de seguridad y lucha contra el crimen.
Expertos advierten sobre el impacto en seguridad
El levantamiento de la suspensión abrió nuevamente el debate sobre los efectos que puede tener una mayor presencia de armas legales en las calles.
El exsecretario de Seguridad de Bogotá, Hugo Acero, señaló que una consecuencia inmediata será que personas que tenían salvoconductos y habían dejado sus armas en sus viviendas durante la restricción podrán volver a portarlas en espacios públicos. En su opinión, esto implica que habrá más personas armadas en las calles y representa un nuevo desafío para las autoridades encargadas de los controles.
La discusión se produce en medio de un escenario de violencia y criminalidad que mantiene al porte ilegal de armas como uno de los principales problemas para la seguridad ciudadana.
¿Quiénes pueden portar armas desde ahora?
El nuevo decreto cobija principalmente a quienes:
- Tengan un permiso de porte vigente.
- Porten únicamente el arma o las armas amparadas por ese permiso.
- No tengan una suspensión individual.
- No estén afectados por una cancelación o revocatoria.
- No tengan una prohibición judicial o legal.
- Cumplan las condiciones y restricciones establecidas en la autorización.
Por el contrario, quienes no tengan un permiso vigente no pueden interpretar el decreto como una autorización para portar armas de fuego.
De esta manera, el Gobierno restableció el régimen ordinario de permisos, pero mantuvo el control estatal sobre las armas y las facultades de las autoridades para suspender, cancelar, revocar, incautar o decomisar armas cuando las circunstancias lo ameriten.
La medida marca así un giro en la política de seguridad del país: Colombia pasa de una suspensión general del porte a un sistema en el que vuelven a tener plena eficacia los permisos individuales vigentes, bajo los controles establecidos por la ley.
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