El Atlántico enfrentaría una reducción de $635.823 millones en los recursos del Presupuesto General de la Nación para 2027, de acuerdo con la regionalización preliminar del presupuesto.
El ajuste llevaría la asignación departamental de aproximadamente $2,88 billones en 2026 a $2,25 billones el próximo año, una disminución nominal del 22,02 %.
La cifra ha generado preocupación entre congresistas del departamento, debido a que el recorte tendría incidencia en sectores estratégicos como Minas y Energía, Vivienda, Salud, Educación y Agricultura, áreas consideradas fundamentales para la inversión pública y la atención de necesidades sociales en el territorio.
El dato aparece en medio de la discusión del Presupuesto General de la Nación 2027, cuyo monto total fue aprobado por las comisiones económicas del Congreso en $634,9 billones. Del total, cerca de $87 billones corresponden a inversión, mientras que una parte importante del presupuesto está comprometida en funcionamiento y servicio de la deuda.
Atlántico, entre los departamentos con mayores reducciones
Según las cifras de Zona Cero sobre la regionalización, el Atlántico estaría entre los territorios que experimentarían una de las mayores reducciones porcentuales de inversión.
El senador Pedro Flórez pidió una revisión detallada de las cifras y señaló que el departamento enfrenta necesidades importantes en infraestructura, energía, vivienda, educación y generación de oportunidades.
El congresista puso especial atención en algunos sectores. En Minas y Energía, por ejemplo, la participación dentro de la regionalización pasaría del 24,6 % en 2026 al 11,7 % en 2027. En Vivienda, la participación disminuiría del 7,1 % al 1,7 %.
En Educación, la participación pasaría del 8,6 % al 8 %, mientras que en Salud la regionalización contempla aproximadamente $22.221 millones, principalmente destinados a promoción y prevención y algunos recursos para transporte asistencial.
Preocupación por los subsidios de energía
Uno de los puntos que genera mayor inquietud en el debate regional es el relacionado con los subsidios de energía eléctrica para los estratos 1, 2 y 3 de la Costa Caribe.
El representante Samir Radi cuestionó que el proyecto no establezca con suficiente claridad los recursos destinados a garantizar estos subsidios y también llamó la atención sobre las obligaciones pendientes con empresas prestadoras del servicio, entre ellas Air-e.
Radi sostuvo que el Atlántico sería el departamento con la mayor reducción en términos absolutos y afirmó que el territorio representaría una proporción significativa de la disminución de la inversión nacional frente a 2026. Estas afirmaciones corresponden a su análisis del proyecto presupuestal.
Universidad del Atlántico también entra en la discusión
La educación superior pública es otro de los puntos que ha generado controversia.
La representante Andrea Vargas cuestionó las partidas destinadas a las instituciones públicas de educación superior y señaló que, según la regionalización analizada, una partida de $44.513 millones relacionada con el mejoramiento de las condiciones de calidad de las universidades públicas no aparecería asignada para el departamento en 2027.
El debate presupuestal, sin embargo, todavía no está cerrado. Las cifras regionalizadas corresponden al proyecto que se encuentra en trámite y pueden modificarse durante la discusión en el Congreso.
Un presupuesto nacional marcado por la presión fiscal
El ajuste para el Atlántico se produce en un escenario de fuerte presión sobre las finanzas públicas nacionales. El proyecto de presupuesto para 2027 asciende a $634,9 billones, mientras que el Banco de la República señaló que el Gobierno enfrenta un desequilibrio fiscal considerable y que será necesario avanzar en medidas de racionalización del gasto.
El debate nacional también ha puesto el foco sobre la distribución territorial de la inversión. Un documento publicado por el Senado señala que 25 departamentos tendrían reducciones en sus partidas de inversión, con recortes especialmente pronunciados en San Andrés, Vichada, Atlántico, Tolima y Bolívar.
Para el Atlántico, la discusión será clave durante el trámite legislativo: congresistas, autoridades territoriales y sectores sociales deberán revisar proyecto por proyecto qué inversiones podrían verse afectadas por la reducción de $635.823 millones y qué modificaciones pueden incorporarse antes de la aprobación definitiva del presupuesto de 2027.
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