El exagente interventor de Air-e, Carlos Arturo Diago Abello, planteó una revisión de fondo del modelo de distribución de energía eléctrica en la Región Caribe y propuso regresar a un esquema similar al que existía antes de 1998, cuando cada departamento contaba con su propia electrificadora.
La propuesta surge, según Diago, después de casi tres décadas de transformaciones empresariales que no habrían permitido resolver los principales problemas estructurales del servicio en la Costa Caribe.
En su análisis, sostuvo que 28 años después de que el manejo de la distribución de energía fuera entregado a operadores privados nacionales y extranjeros, la región enfrenta problemas similares a los que tenía en agosto de 1998: redes saturadas, elevadas pérdidas técnicas y no técnicas, bajo recaudo y una alta cartera por cobrar.
Diago recordó que el proceso de transformación comenzó durante el gobierno de Ernesto Samper, en agosto de 1998, cuando las siete electrificadoras departamentales que operaban en la región dieron paso a Electricaribe y Electrocosta.
El esquema de las empresas regionales fue posteriormente reemplazado por diferentes modelos empresariales y propietarios, hasta llegar a la intervención de Electricaribe en noviembre de 2016, durante el gobierno de Juan Manuel Santos.
En 2020, durante el gobierno de Iván Duque, Electricaribe fue sustituida por Air-e y Afinia, empresas encargadas de atender diferentes zonas del mercado caribeño.
Sin embargo, esta alternativa tampoco resolvió los problemas que dieron origen a las reformas. Air-e fue intervenida por el Gobierno nacional en septiembre de 2024, mientras que Afinia, filial de Empresas Públicas de Medellín (EPM), ha enfrentado dificultades operacionales y financieras. Diago puso estos antecedentes como argumento para cuestionar nuevamente el modelo de las grandes distribuidoras.
La propuesta de volver al modelo departamental
El planteamiento consiste en recuperar las siete áreas eléctricas departamentales que existían antes de la creación de Electricaribe y Electrocosta.
La estructura correspondería a: Electrificadora del Atlántico, Electrificadora del Magdalena, Electrificadora del Cesar, Electrificadora de La Guajira, Electrificadora de Córdoba, Electrificadora de Sucre y Electrificadora de Bolívar.
Para Diago, el modelo de megadistribuidoras agrupó territorios departamentales diferentes bajo estructuras empresariales que terminaron generando una mayor distancia física e institucional frente a los usuarios.
En particular, cuestionó los esquemas que integraron departamentos como Atlántico, Magdalena y La Guajira, y otro que reúne Bolívar, Córdoba, Cesar y Sucre.
Según su planteamiento, las ventajas que originalmente se argumentaron para justificar las denominadas economías de escala y de alcance no se materializaron como se esperaba y, por el contrario, terminaron convirtiéndose en una barrera para una gestión más cercana del servicio.
Pérdidas, cartera y fraude, entre los problemas señalados
Uno de los argumentos centrales de Diago es que la crisis energética del Caribe no puede explicarse únicamente por las dificultades financieras de las empresas.
El exagente interventor señaló como problemas estructurales las pérdidas de energía, tanto nmegras como no técnicas, el bajo recaudo y los elevados niveles de cartera.
A su juicio, el deterioro de la calidad del servicio también ha afectado la relación entre las empresas y los usuarios, con consecuencias sobre la disposición al pago y una mayor propensión al fraude.
Desde esta perspectiva, considera que una estructura de distribución más cercana territorialmente permitiría fortalecer la relación entre las empresas, los gobiernos departamentales y los usuarios.
El papel que tendría la Región Caribe
La propuesta de Diago también está vinculada con el proceso de fortalecimiento institucional de la Región Caribe a través de la RAP Caribe.
El exagente interventor señaló que los departamentos vienen trabajando desde hace más de dos años en la búsqueda de consensos frente a la problemática energética y en una eventual transformación de la RAP en una Región Entidad Territorial (RET).
Su planteamiento es que, mientras la Región Caribe avance hacia una mayor participación en asuntos relacionados con generación y transmisión, también tenga incidencia directa en las decisiones relacionadas con la distribución.
En ese sentido, considera que las decisiones sobre el futuro de Air-e y Afinia no deberían tomarse exclusivamente desde el Gobierno nacional o desde las empresas propietarias, sino que deberían contar con la participación de los departamentos de la región.
El caso de Afinia abre nuevamente el debate
Diago también llamó la atención sobre la situación de Afinia, filial de EPM, y advirtió sobre el riesgo de que la Región Caribe vuelva a atravesar un proceso similar al que terminó con la salida de Electricaribe.
En sus planteamientos, señaló que las pérdidas operacionales recurrentes de Afinia han generado preocupación y mencionó la posibilidad de una eventual venta de la compañía.
Por ello, considera que el Gobierno debe buscar una solución empresarial para Air-e y, paralelamente, mantener conversaciones con EPM sobre el futuro de Afinia, evitando que la empresa sea simplemente entregada, completa o parcialmente, al mejor postor.
La discusión deja sobre la mesa una alternativa que implicaría un cambio profundo frente al modelo implementado durante los últimos 28 años: pasar de grandes distribuidoras que operan sobre varios departamentos a siete empresas o áreas eléctricas con una estructura territorial departamental.
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