El ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, lanzó una advertencia durante el debate de control político realizado en la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes: la crisis de suministro y de pagos que afecta a la Costa Caribe dejó de ser un problema exclusivamente regional y podría terminar comprometiendo la estabilidad del sistema eléctrico nacional.
“El problema de suministro de energía a la Costa Caribe puede contagiar la totalidad del sistema eléctrico”, afirmó el funcionario, al explicar la razón por la cual el Gobierno considera necesario intervenir temporalmente en la cadena de pagos del sector.
La advertencia se produjo en medio de la discusión del proyecto de ley 401, presentado con mensaje de urgencia por el Gobierno del presidente Abelardo De la Espriella, mediante el cual se pretende trasladar $1,2 billones del Presupuesto General de la Nación de 2026 para atender obligaciones asociadas a Air-e.
Gómez fue enfático en señalar que los recursos no constituyen un rescate financiero de la empresa intervenida. El proyecto contempla trasladar $750.000 millones del Ministerio de Hacienda y $450.000 millones del Ministerio de Minas y Energía a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.
El dinero sería utilizado para atender temporalmente obligaciones de Air-e con agentes del mercado eléctrico, principalmente empresas generadoras. Además, los recursos no aumentarían el monto total del presupuesto de 2026, sino que corresponderían a un traslado de partidas ya existentes.
De aprobarse la iniciativa, estos $1,2 billones se sumarían a $300.000 millones que, según el Gobierno, ya fueron girados, para un total de $1,5 billones destinados a atender las necesidades inmediatas relacionadas con la crisis energética.
Sin embargo, el propio ministro reconoció que esta operación no resuelve los problemas estructurales de Air-e ni de la prestación del servicio de energía en el Caribe.
“Este recurso tiene un único propósito: ayudar en estos momentos de estrés que tiene el sistema en la Costa Caribe”, explicó Gómez durante su intervención.
Duras críticas al manejo de la empresa
Durante el debate, Gómez también cuestionó la manera como, según su apreciación, se ha manejado históricamente la compañía y aseguró que el Estado no debe asumir sin más las responsabilidades derivadas de eventuales actuaciones irregulares.
“Nosotros no tenemos por qué salvar a una compañía que fue entregada a las garras de la politiquería y de la corrupción, que se la robaron y que hoy en día no presta un buen servicio”, manifestó el ministro.
El funcionario agregó que el Gobierno buscará que sean investigadas las personas que, según afirmó, pudieron haber malversado recursos o utilizado contactos políticos para apropiarse de recursos de la compañía.
Estas afirmaciones corresponden a la posición expresada por Gómez durante el debate y no constituyen, por sí mismas, una determinación judicial sobre responsabilidades individuales.
Una crisis que viene de décadas
El ministro también sostuvo que la situación actual no comenzó con Air-e. Recordó los problemas financieros que durante décadas afectaron al sistema eléctrico de la Costa Caribe y mencionó los recursos que la Nación ha tenido que asumir en diferentes momentos.
Según el recuento presentado por Gómez, en 2020 se otorgaron $3,9 billones en créditos de tesorería al Fondo Empresarial para atender necesidades de capital; en 2021 se sumaron $864.000 millones en créditos bancarios respaldados por la Nación, y en 2022 el Estado asumió cerca de $2,7 billones correspondientes al pasivo pensional de Electricaribe.
El ministro calculó que estos recursos representan unos $7,5 billones nominales, cifra que, llevada a valores actuales, podría aproximarse a $11 billones.
Para Gómez, la discusión de fondo consiste en evitar que el Estado continúe destinando recursos públicos para atender periódicamente las mismas dificultades sin solucionar las causas estructurales del problema.
El riesgo aumenta con El Niño
La preocupación del Gobierno se produce además cuando el sistema eléctrico enfrenta los efectos y riesgos asociados al fenómeno de El Niño, escenario en el que las plantas térmicas adquieren una mayor importancia para respaldar la generación cuando disminuyen los aportes de los embalses.
Por eso, el Gobierno sostiene que mantener funcionando la cadena de pagos resulta fundamental para evitar que los problemas financieros de una empresa distribuidora terminen afectando a los generadores y, posteriormente, la confiabilidad del Sistema Interconectado Nacional.
Así, el proyecto que estudia el Congreso busca ofrecer una respuesta inmediata a la emergencia de liquidez, pero la propia discusión planteada por el ministro deja abierta la pregunta central: ¿Cómo garantizar una solución estructural para el servicio de energía de la Costa Caribe y evitar que la crisis vuelva a trasladarse a las cuentas de la Nación?.
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