El Gobierno nacional, encabezado por el presidente Abelardo De la Espriella, presentó su propuesta de estatuto antiterrorista, una iniciativa con la que busca endurecer las herramientas legales e institucionales para combatir a las estructuras armadas ilegales señaladas de desarrollar actividades terroristas en Colombia.
El proyecto se inscribe en la estrategia de seguridad del Ejecutivo, que ha planteado la necesidad de fortalecer la capacidad de las autoridades para perseguir a las organizaciones responsables de atentados, homicidios, extorsiones, secuestros y otras acciones que afectan el orden público.
La propuesta, que deberá surtir su trámite en el Congreso de la República, contempla medidas orientadas a mejorar la identificación y persecución de estas estructuras.
Uno de los aspectos que más atención ha generado es la posibilidad de establecer una lista nacional de organizaciones o actores considerados terroristas, un mecanismo que abre interrogantes sobre los criterios de inclusión, los procedimientos de revisión y las consecuencias jurídicas de aparecer en ella.
El Gobierno ha defendido la iniciativa como una herramienta para enfrentar de manera más contundente las amenazas contra la seguridad nacional. No obstante, su alcance y aplicación también han despertado inquietudes entre especialistas en derecho penal, derechos humanos y construcción de paz.
¿En qué consiste el estatuto antiterrorista?
El propósito central de la iniciativa es dotar al Estado de instrumentos más eficaces para prevenir y combatir el terrorismo, así como para actuar contra las organizaciones que utilizan la violencia para intimidar a la población, atacar a la Fuerza Pública o imponer su control sobre territorios y comunidades.
En un país que continúa enfrentando amenazas de grupos armados ilegales, redes de narcotráfico y estructuras dedicadas a la extorsión y otras economías ilícitas, el Ejecutivo considera que se requieren mecanismos jurídicos que permitan coordinar la acción de las autoridades y fortalecer la respuesta institucional.
Entre los componentes que han concentrado el debate se encuentra la creación de una lista nacional de terroristas u organizaciones terroristas. La discusión gira alrededor de la forma en que se determinaría quién puede ingresar a ese registro, qué autoridad tendría la competencia para hacerlo y cuáles serían los efectos de esa clasificación.
Estos puntos resultan determinantes, pues una designación de esta naturaleza puede tener repercusiones sobre las investigaciones, las medidas de seguridad y las actuaciones administrativas o judiciales que se adelanten contra los señalados.
El alcance concreto de esas consecuencias dependerá de lo que establezca el texto definitivo del proyecto y de las disposiciones que eventualmente sean aprobadas por el Legislativo.
Expertos advierten sobre riesgos de estigmatización
Una de las principales preocupaciones expresadas en el debate público es el riesgo de que la clasificación de personas u organizaciones como terroristas se convierta en una herramienta de estigmatización si no existen criterios objetivos, procedimientos transparentes y mecanismos efectivos para controvertir las decisiones.
La discusión no se limita a la necesidad de combatir a los grupos armados. También plantea cómo evitar que las medidas contra el terrorismo afecten a ciudadanos, líderes sociales, defensores de derechos humanos o integrantes de comunidades que desarrollan actividades legales y legítimas.
Por ello, especialistas han advertido sobre la importancia de establecer diferencias claras entre la pertenencia a una organización criminal, la participación comprobada en conductas delictivas y el ejercicio de derechos como la protesta social, la libertad de expresión y la participación política.
La preocupación es que una definición demasiado amplia de terrorismo o una inclusión en listas sin suficientes garantías pueda generar señalamientos injustificados y consecuencias para personas que no han cometido delitos.
En ese escenario, la precisión de las definiciones legales y la existencia de mecanismos de impugnación serán elementos centrales para evaluar la constitucionalidad y la legitimidad de la propuesta.
El debate jurídico: seguridad y derechos fundamentales
El estatuto también abre una discusión sobre los límites de las facultades del Estado en la lucha contra el terrorismo. Aunque las autoridades tienen la obligación de proteger a la población y perseguir las conductas criminales, sus actuaciones deben respetar la Constitución, el debido proceso y las garantías judiciales.
En particular, cualquier mecanismo de clasificación deberá examinarse a la luz de principios como la presunción de inocencia, el derecho a la defensa, la legalidad y la posibilidad de controvertir las decisiones que afecten los derechos de una persona.
Otro asunto relevante será determinar si las medidas previstas por el proyecto se encuentran suficientemente delimitadas y si establecen controles para evitar decisiones arbitrarias o desproporcionadas.
El Congreso tendrá un papel determinante en esa discusión, pues durante el trámite legislativo podrá revisar las disposiciones, escuchar a los sectores interesados y evaluar las observaciones de expertos y organizaciones de derechos humanos.
La revisión también deberá considerar la diferencia entre las medidas preventivas de seguridad y las consecuencias penales, que deben sujetarse a las competencias y procedimientos establecidos por el ordenamiento jurídico.
Una iniciativa que llega en medio de la discusión sobre la paz
La presentación del estatuto antiterrorista también se relaciona con el debate nacional sobre la política de seguridad y la manera en que el Estado debe responder a los grupos armados ilegales.
Mientras el Gobierno defiende el fortalecimiento de los instrumentos de persecución y control, sectores vinculados a la construcción de paz han planteado interrogantes sobre la relación entre las medidas coercitivas, los mecanismos de sometimiento a la justicia y las alternativas para desarticular las estructuras criminales.
El desafío consiste en establecer una estrategia que permita enfrentar a quienes cometen delitos sin cerrar espacios para las salidas jurídicas que contempla la ley ni afectar a la población civil.
En ese sentido, el estatuto deberá analizarse no solo por la severidad de las medidas que propone, sino también por su efectividad para reducir la violencia, desmantelar las organizaciones criminales y garantizar que las actuaciones estatales se desarrollen dentro del marco constitucional.
¿Qué sigue para el proyecto?
La iniciativa deberá avanzar en el Congreso, donde se discutirá su contenido y se determinará si requiere modificaciones antes de convertirse en ley. Durante ese proceso será clave conocer la versión íntegra del articulado, las competencias que asigna a las autoridades, los criterios para elaborar la eventual lista nacional y los mecanismos para revisar o controvertir las designaciones.
También será necesario establecer qué consecuencias concretas tendría la inclusión en ese registro y cuáles serían las salvaguardas para impedir que se utilice de manera arbitraria.
El Gobierno de De la Espriella apuesta por el estatuto como parte de su estrategia para combatir el terrorismo y las estructuras criminales. Sin embargo, el debate legislativo tendrá que resolver una cuestión de fondo: cómo fortalecer la seguridad sin debilitar las garantías constitucionales ni abrir la puerta a señalamientos injustificados.
El alcance definitivo de la iniciativa dependerá de lo que apruebe el Congreso y de los controles jurídicos que correspondan.
Noticia relacionada: https://elnorte.com.co/estatuto-antiterrorista-de-de-la-espriella-desata-polemica-por-sus-posibles-riesgos-para-los-derechos-fundamentales/
Más historias
Kelina Puche Carrascal, es la nueva presidenta ejecutiva del Comité Intergremial del Atlántico
Decreto que regula protesta social se estrena este 14 de octubre con marchas contra De la Espriella
Temblor de magnitud 5,0 sacudió a Colombia este 13 de octubre: epicentro fue en Santander