Una severa crisis de abastecimiento de agua potable afecta al corregimiento de Paluato, en la jurisdicción de Galapa, donde cerca del 70 % del líquido destinado a la comunidad se desvía mediante tomas clandestinas a lo largo de la red de conducción.
De los aproximadamente 860 metros cúbicos diarios que deberían suministrarse a la población mediante un sistema de rebombeo e infraestructura intermedia, hoy apenas logra llegar un 30 % del caudal previsto.
Para hacer frente a esta problemática, la empresa Triple A, de la mano con la Alcaldía de Galapa y la Policía Nacional, ejecutó un operativo de identificación y desmantelamiento de accesos irregulares. Durante la jornada de inspección, las autoridades lograron anular 8 conexiones fraudulentas de un total de 17 intervenciones proyectadas en la línea.
El subgerente de Redes de Acueducto de Triple A, Pablo González Berdugo, indicó que el problema responde en buena medida al crecimiento territorial desordenado e inapropiado. El funcionario enfatizó que las inspecciones continuarán de manera firme y periódica para evitar cualquier tipo de reincidencia o nueva reconexión ilegal.
Impacto en la comunidad y el sistema
El impacto de estas irregularidades afecta directamente a las familias legalmente conectadas que cumplen con el pago de su factura. Estos usuarios sufren de forma constante bajas presiones y suspensiones en el servicio debido a que el caudal es interceptado antes de llegar a sus viviendas.
Además del perjuicio social, las conexiones no autorizadas deterioran la continuidad operativa de la red, generan pérdidas económicas severas y comprometen la sostenibilidad del sistema, dificultando inversiones futuras para la mejora del servicio.
Llamado a la ciudadanía y consecuencias legales
El origen de varias de estas tomas clandestinas se encuentra ligado a la parcelación y comercialización de terrenos no autorizados que carecen de infraestructura básica.
Ante esto, la secretaria de Planeación de Galapa, Keidys Monsalve, hizo una invitación directa a la ciudadanía para que se abstenga de adquirir lotes que no estén legalmente habilitados para urbanizarse ni tengan garantías reales en la prestación de servicios públicos.
Por último, las autoridades recordaron que manipular o pegarse de manera clandestina a las redes de acueducto constituye el delito de defraudación de fluidos (artículo 256 del Código Penal colombiano).
Esta infracción conlleva penas de entre 16 y 72 meses de prisión, además de multas económicas que van desde 1,33 hasta 150 salarios mínimos mensuales vigentes, el cobro del consumo no facturado y la suspensión del suministro.
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