“La crisis eléctrica del Caribe exige el compromiso y aporte de todo el país”: Minenergía

La solución a los problemas del servicio eléctrico en la Costa Caribe requiere de una articulación de carácter nacional en la que todo el país y sus diversos actores aporten.

Así lo precisó la ministra de Minas y Energía, María Nohemí Arboleda, al hacer referencia a la crisis de Air-e Intervenida y Afinia. La funcionaria hizo un llamado a la responsabilidad colectiva de gremios, generadores hídricos y térmicos, y del Congreso de la República.

Instó a “evitar rentas excepcionales que pongan en peligro la viabilidad del sistema energético colombiano”.

Al analizar esta difícil situación de la prestación del servicio eléctrico en esta zona del país, dejó claro que no es un fenómeno aislado. Según Arboleda, la baja calidad del servicio y las fallas operativas responden a un círculo vicioso generado por la falta de inversión, acentuado por niveles de recaudo que difícilmente alcanzan el 70 % o 72 % en la región.

“¿Cuánto se recauda realmente de la energía que se compra? Es como un 70% o un 72%. Entonces así, obviamente, es muy difícil”, advirtió la jefa de la cartera energética, en la Audiencia Nacional de Equilibrio Energético en Barranquilla.

La ministra fue enfática al señalar cómo se deteriora la calidad del servicio: “La calidad baja cuando yo no hago inversiones, y yo no hago inversiones si no tengo la plata para hacerlo. Se vuelve un círculo vicioso”.

Frente a este escenario, recalcó la necesidad del compromiso de las autoridades locales y regionales, señalando que “ninguna empresa va a aceptar trabajar o tener este negocio si no le garantizamos también que recupere su inversión”.

Por ello, instó a pasar de la exigencia a la cooperación activa. “Cuando planteemos soluciones, no es solo decir ‘yo quiero’, sino ‘venga, ¿cómo voy a contribuir realmente a que esto funcione?’”, aseguró.

Suficiencia y soberanía energética: la ruta a 3 y 4 años

En materia de suministro y abastecimiento, la ministra subrayó que el objetivo central del Gobierno es “recuperar la suficiencia en gas y el propósito de tener otra vez la soberanía energética, porque eso es lo que merecemos”. Sin embargo, aclaró que la estabilización no ocurrirá de la noche a la mañana debido a los efectos del clima y a los retrasos acumulados.

“Esta condición nos va a tomar un tiempo, tres o cuatro años en normalizar un poco la situación de este sector, porque es que nos atrasamos mucho más porque no exploramos”, expresó.

Para hacer frente a este rezago, detalló las acciones del plan de contingencia y desarrollo:

Destrabe institucional y licencias: Trabajo coordinado con los ministerios del Interior y de Ambiente para destrabar consultas previas y licencias ambientales engavetadas.

Incremento de la oferta e infraestructura: Incorporación de megavatios adicionales mediante subastas de la UPME (cercanos a 180 MW), gas incremental a través de la ANH y la entrada en operación de plantas de regasificación e importación.

Exploración estratégica y megaproyectos: Desarrollo acelerado de proyectos de corto plazo, exploración con metodologías no convencionales para aportar volúmenes clave de gas, y el avance del proyecto Sirius, con el que se prevé multiplicar significativamente las reservas nacionales hacia la próxima década.

Transición energética responsable: La funcionaria defendió el proceso de transición hacia energías limpias, pero aclaró que debe hacerse con responsabilidad y a un ritmo que garantice la seguridad y la confiabilidad del suministro, sin desmontar aceleradamente tecnologías térmicas de respaldo.

Defensa del uso racional y campañas de ahorro voluntario

En el frente del consumo, la ministra de Minas y Energía defendió decididamente las campañas de gestión de la demanda y uso racional de los servicios públicos.

Aclaró que estas medidas no buscan perjudicar a los usuarios ni obligarlos a prescindir del confort básico, sino concientizar a la población para evitar un racionamiento forzoso de energía.

La estrategia establece una línea base de consumo que permite un margen de flexibilidad del 10 % sin sobrecostos. Únicamente cuando el consumo supera dicho límite se aplican desincentivos económicos dirigidos a desestimular el derroche.

Arboleda reiteró la necesidad de que los usuarios se involucren activamente en la moderación del consumo mientras el país recupera sus márgenes de reserva operacional.

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