La Corte Constitucional le dio luz verde al Gobierno nacional para mantener el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica decretado tras el terremoto del pasado 10 de agosto de 2026, que sacudió varias regiones del país y dejó importantes afectaciones en infraestructura, viviendas y servicios públicos.
Sin embargo, el aval del alto tribunal no fue irrestricto. En la sentencia C-366 de 2026, la Sala Plena estableció una serie de condiciones para evitar que el Ejecutivo utilice las facultades extraordinarias que otorga este mecanismo constitucional para atender problemas que no tengan relación directa con la tragedia ocasionada por el movimiento telúrico.
La decisión fue adoptada por una votación de siete magistrados contra uno, con ponencia del magistrado Juan Carlos Cortés González, luego de estudiar los decretos 1261 del 19 de agosto y 1348 del 31 de agosto de 2026, mediante los cuales el Gobierno declaró la emergencia y modificó su alcance territorial.
Uno de los principales condicionamientos tiene que ver precisamente con los territorios que podrán beneficiarse de las medidas extraordinarias.
La Corte determinó que la emergencia solamente podrá cobijar a los municipios que registraron afectaciones por el terremoto y sus posteriores réplicas, de acuerdo con los reportes oficiales de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
Esto significa que no será suficiente con que una población pertenezca a alguno de los departamentos incluidos en la declaratoria para recibir los beneficios de la emergencia. Si el Gobierno pretende incorporar otros municipios, deberá demostrar, mediante estudios técnicos y documentación de la UNGRD, que también sufrieron consecuencias directas del fenómeno natural.
No se podrán atender problemas anteriores al terremoto
Otra de las restricciones establecidas por la Corte es que el Gobierno no podrá aprovechar la emergencia económica para resolver dificultades estructurales que existían antes del terremoto del 10 de agosto.
En particular, el tribunal excluyó la posibilidad de utilizar las facultades extraordinarias para adoptar medidas estructurales relacionadas con la crisis del sistema penitenciario y carcelario, al considerar que se trata de una problemática que no tiene relación directa con la calamidad que motivó la declaratoria.
También estableció restricciones para la ejecución de obras de infraestructura y reconstrucción. Estas intervenciones solamente podrán financiarse mediante las facultades extraordinarias cuando el Ejecutivo demuestre que los mecanismos ordinarios de financiación son insuficientes y que los trabajos están directamente relacionados con la rehabilitación de las zonas afectadas.
El propósito de las obras deberá ser recuperar las condiciones de vida de las comunidades damnificadas, restablecer la infraestructura, los servicios y las actividades socioeconómicas que resultaron perjudicadas, sin reproducir las condiciones de riesgo que existían antes del desastre.
Hacienda tendrá 20 días para recalcular el costo de la emergencia
Uno de los puntos más importantes de la decisión tiene que ver con el manejo de los recursos económicos destinados a atender la tragedia.
La Corte ordenó al Ministerio de Hacienda y Crédito Público recalcular el costo total de la emergencia y establecer cuánto dinero se necesita realmente para financiar las medidas de atención, rehabilitación y reconstrucción.
Para cumplir esta instrucción, la cartera tendrá un plazo de 20 días hábiles, contados a partir de la publicación del comunicado de la providencia.
Además, las entidades del Gobierno que ordenen gastos extraordinarios deberán justificar, mediante actos administrativos, por qué no pueden utilizar los mecanismos habituales de financiación del presupuesto nacional.
El alto tribunal también dejó claro que los recursos obtenidos mediante las facultades extraordinarias no podrán destinarse a cubrir gastos ajenos a la emergencia ni utilizarse para financiar el déficit fiscal del Estado.
Para garantizar la transparencia, el Ejecutivo deberá implementar mecanismos de seguimiento independiente que permitan verificar el destino de los recursos y garantizar que los organismos de control conozcan permanentemente los compromisos y la ejecución de los dineros.
Gobierno deberá presentar un plan de recuperación
Finalmente, la Corte Constitucional exhortó al presidente Abelardo de la Espriella, en su condición de conductor del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, a adoptar y ejecutar un plan de acción específico para la recuperación de los territorios afectados.
Este deberá contemplar una planificación plurianual de los recursos necesarios para garantizar la continuidad de las labores de rehabilitación y reconstrucción.
Con esta decisión, el Gobierno conserva el respaldo constitucional para utilizar las herramientas extraordinarias contempladas en la emergencia económica, pero deberá ajustarse a las condiciones fijadas por los magistrados.
El fallo representa un respaldo a la declaratoria realizada después del terremoto del 10 de agosto, aunque establece controles para impedir que el Ejecutivo amplíe injustificadamente el alcance de la emergencia o utilice los recursos para atender necesidades fiscales y problemáticas que no fueron ocasionadas por el desastre natural.
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