La jornada de movilización social realizada este jueves 19 de noviembre en Barranquilla terminó en medio de cuestionamientos a la actuación de la Fuerza Pública, luego de que unidades antidisturbios intervinieran la concentración de manifestantes en el sector de la calle 30 con carrera 8, donde se reportó el uso de gases lacrimógenos y artefactos aturdidores.
La marcha, en la que participaron docentes, estudiantes, sindicatos, centrales obreras y organizaciones sociales, comenzó aproximadamente a las 10:00 de la mañana en inmediaciones del colegio INEM, en el municipio de Soledad, y avanzó por la calle 30 hasta llegar al punto previsto para la concentración final.
La movilización hacía parte de la jornada nacional de protesta contra las políticas del Gobierno de Abelardo De La Espriella, particularmente frente a las medidas tributarias cuestionadas por diferentes sectores sociales.
Intervención policial y denuncias de los manifestantes
De acuerdo con los reportes de dirigentes sindicales y participantes de la movilización, la intervención de las unidades antidisturbios se produjo cuando los manifestantes se encontraban en inmediaciones de la calle 30 con carrera 8.
Henry Gordon, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), denunció que los uniformados utilizaron gases lacrimógenos contra los participantes, pese a que, según indicó, la actividad había sido notificada previamente a las autoridades y estaba programada hasta el mediodía.
Por su parte, representantes del magisterio señalaron que la concentración transcurría pacíficamente y que los asistentes tenían previsto desarrollar actividades culturales y una olla comunitaria como cierre de la jornada.
Las denuncias también apuntan a que varios participantes, entre ellos docentes y adultos mayores, habrían resultado afectados por la exposición a los gases.
Entre seis y siete docentes habrían requerido atención médica
Uno de los aspectos más preocupantes de la jornada tiene que ver con el balance preliminar entregado por representantes del sector educativo.
Según información divulgada por Emisora Atlántico, entre seis y siete docentes habrían presentado dificultades respiratorias y cuadros de asfixia tras la exposición a los agentes químicos. Algunos fueron trasladados a centros asistenciales y al punto de atención primaria ubicado en el centro comercial Panorama.
Los presidentes de la Asociación Distrital de Educadores de Barranquilla (ADEBA) y de la Asociación de Educadores del Atlántico (ADEA) cuestionaron el procedimiento policial y anunciaron que acudirán a las instancias correspondientes para solicitar que se esclarezcan las circunstancias de la intervención.
ADEA exige investigaciones y garantías para la protesta
La Asociación de Educadores del Atlántico rechazó públicamente lo ocurrido y pidió la intervención de los organismos encargados de proteger los derechos humanos.
La organización solicitó al Ministerio del Interior, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación y la Personería Distrital que investiguen los hechos, establezcan posibles responsabilidades y determinen si el procedimiento policial se ajustó a los protocolos establecidos para el manejo de manifestaciones públicas.
El pronunciamiento también incluyó un llamado al alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, para que se garanticen las condiciones necesarias para el ejercicio de la protesta pacífica.
Crecen los cuestionamientos políticos
La intervención generó reacciones de dirigentes políticos y representantes de sectores de oposición, quienes cuestionaron el uso de la fuerza pública durante la movilización.
El concejal Antonio Bohórquez manifestó su rechazo a lo ocurrido y cuestionó la actuación de las autoridades frente a los docentes que participaron en la jornada.
Asimismo, el senador Orlando De La Hoz expresó su inconformidad con el procedimiento y defendió el derecho constitucional de los ciudadanos a manifestarse.
Las declaraciones han trasladado el episodio al escenario del debate político local y nacional, particularmente en torno a las garantías para la movilización social y los límites del uso de la fuerza por parte de las autoridades.
Un debate que exige respuestas institucionales
Lo ocurrido en Barranquilla vuelve a poner sobre la mesa una discusión fundamental para la democracia: ¿cómo garantizar el orden público sin vulnerar el derecho constitucional a la protesta?
Mientras los sindicatos y organizaciones de educadores exigen explicaciones e investigaciones, hasta los reportes periodísticos consultados no se conocía un pronunciamiento oficial de las autoridades policiales que explicara las razones operativas de la intervención y el uso de agentes químicos.
La ciudadanía espera que se esclarezcan las circunstancias en las que se produjeron los hechos, se establezca si existieron excesos en el procedimiento y se determinen las responsabilidades correspondientes.
Más allá de las diferencias políticas que motivaron la movilización, el episodio deja una exigencia institucional: garantizar que la protesta social pueda desarrollarse con respeto por los derechos humanos, la integridad de los ciudadanos y las normas que regulan la actuación de la Fuerza Pública.
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