La Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica (Acolgen), reaccionó a la decisión del Gobierno Nacional, a través de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), de formular pliego de cargos contra las empresas Enel Colombia, AES Colombia y Celsia Colombia.
La autoridad busca determinar si estas compañías realizaron conductas tendientes a limitar la libre competencia en el Mercado de Energía Mayorista (MEM) entre los años 2022 y 2025.
Ante este anuncio, la presidenta de la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica (Acolgen), Natalia Gutiérrez, aseguró que esta investigación no puede verse como un suceso independiente, sino que representa el “remate de cuatro años de hostigamiento institucional” contra el sector generador en el país.
Desde el gremio se enfatiza que la industria ha sido objeto de una presión constante. “El hostigamiento ha pasado por la imposición de cargas para sostener a un distribuidor intervenido y financieramente quebrado; amenazas y señalamientos públicos; comparaciones inadmisibles con actividades delictivas; cambios constantes en las reglas de juego, y el desconocimiento de la institucionalidad técnica y de la arquitectura del mercado eléctrico”, afirmó Gutiérrez.
Denuncia de una “narrativa de crisis“
La presidenta de Acolgen fue enfática al señalar que estas investigaciones, intensificadas a pocos días de un cambio de Gobierno, buscan instalar la narrativa de que los generadores son los responsables de una crisis energética que, a su juicio, ha sido originada por omisiones y decisiones de la administración de Gustavo Petro.
Gutiérrez advirtió que estas acciones han debilitado las señales de inversión y agravado los riesgos de desabastecimiento para el país.
Finalmente, ante lo que consideran una “persecución institucional“, Acolgen ha solicitado formalmente el acompañamiento preventivo de la Procuraduría General de la Nación. El objetivo es garantizar que las actuaciones de la SIC y la Superservicios mantengan la independencia técnica y respeten el debido proceso, evitando cualquier tipo de instrumentalización política en un sector estratégico para la estabilidad económica de Colombia.
La investigación de la SIC, que tuvo su origen en una denuncia del Ministerio de Minas y Energía en enero de 2022, sostiene que existen indicios de que las empresas mencionadas habrían presentado ofertas de precios excesivamente elevados en la Bolsa de Energía.
Lo más crítico del informe preliminar señala que estas ofertas se realizaron incluso cuando las plantas de generación registraban niveles de almacenamiento de agua iguales o superiores al 90% de su capacidad, un comportamiento que, según la regulación, debería traducirse en precios más bajos. De confirmarse, estas acciones habrían afectado el proceso competitivo y el costo del servicio para millones de usuarios.
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