Un tribunal arbitral internacional del Centro Internacional de Resolución de Disputas (CIRD/AAA) ordenó a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) el pago de una suma que asciende a los $3,58 billones de pesos, más USD $597.696 adicionales por concepto de costas y gastos a la Concesión Ruta al Mar.
El laudo, proferido el pasado 30 de abril y notificado el primero de mayo, declara la terminación anticipada del contrato de la megavía que conecta los departamentos de Antioquia, Córdoba, Sucre y Bolívar.
El tribunal fundamentó su decisión en múltiples incumplimientos contractuales por parte de la entidad estatal, determinando que la imposibilidad de finalizar las obras en los tiempos pactados no fue responsabilidad del concesionario, sino de factores externos y una afectación directa a la estructura de ingresos del proyecto.
La indemnización se divide en varios rubros críticos:
Liquidación del contrato: La partida más voluminosa, por $3,31 billones, corresponde a la fórmula de liquidación por terminación anticipada.
Peaje Carimagua: Se reconocieron $257.866 millones por perjuicios derivados de la falta de incremento en las tarifas de este peaje.
Decreto 050: El fallo incluye compensaciones por demoras relacionadas con la congelación de peajes implementada en 2023.
Otros conceptos: También se sumaron montos por sitios inestables ($5.437 millones), insuficiencia en compensaciones ambientales ($933 millones) y gastos legales del proceso.
Para Construcciones El Cóndor, empresa antioqueña que posee el 50% de la participación en la Concesión Ruta al Mar (RAM) y actúa como contratista EPC, este fallo representa un hito fundamental para recuperar la inversión comprometida en el proyecto. La compañía señaló que esta decisión valida la eficacia del arbitraje cuando los mecanismos originales de compensación fallan ante riesgos sectoriales.
El futuro de la vía Antioquia – Bolívar
La consecuencia inmediata de este laudo es la finalización del contrato APP No. 016 de 2015, lo que implica que la operación y mantenimiento de los cerca de 500 kilómetros de vía volverán a manos del Instituto Nacional de Vías (Invías).
No obstante, el proceso aún enfrenta etapas legales. La materialización del pago está sujeta a procedimientos de aclaración y posibles acciones judiciales ante el Consejo de Estado. Por ahora, la concesionaria iniciará la coordinación con la ANI para la reversión del contrato y buscará alinear soluciones financieras con sus acreedores para monetizar el reconocimiento económico ordenado por el tribunal.
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