Anif advierte que suspensión del incremento contractual en ocho peajes deteriora confianza inversionista

En su comentario económico del día, la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif), se refirió al impacto de la reciente decisión del Ministerio de Transporte de suspender el “incremento contractual” en las tarifas de ocho peajes.

La entidad considera que la suspensión del incremento contractual en estos peajes, aunque busca aliviar los costos para los usuarios y el transporte de bienes, incrementa el déficit acumulado con los concesionarios privados.

“Los incrementos contractuales están asociados a la entrega a satisfacción de obras financiadas y desarrolladas por agentes privados cuyo objetivo es mejorar la competitividad mediante reducciones en los tiempos de viaje y los costos logísticos. Frenar la normalización inmediata y permanente de estos incrementos perpetúa el déficit acumulado con los concesionarios”, señala Anif.

Agrega que este déficit representa los ingresos que los privados dejaron de recibir desde la entrada en vigor del Decreto 050 hasta el restablecimiento pleno de las tarifas al valor presente que deberían tener sin las interrupciones contractuales.

Afirma el centro de pensamiento que en un contexto fiscal tan apretado como el actual agrandar la deuda de la Nación con los concesionarios de las vías es especialmente indeseable. Y expresa las repercusiones más significativas a mediano y largo plazo tienen que ver con la confianza de los inversionistas.

“El desarrollo de infraestructura vial en los últimos años ha sido impulsado principalmente por el modelo de Asociaciones Público-Privadas (APP), que depende de la seguridad jurídica y la confianza de los inversionistas en el cumplimiento de los contratos por parte del Gobierno. Sin embargo, los cambios recurrentes en las tarifas han erosionado esta confianza”, indica el análisis.

Detalla que en 2023 el Estado enfrentó múltiples procesos de demanda debido al incumplimiento de términos contractuales en proyectos concesionados. Esta preocupación resurge en 2024, alimentando la percepción de inestabilidad en el modelo de APP y generando incertidumbre entre los actores del sector.

“Como resultado, el futuro del desarrollo de infraestructura podría estar en riesgo, ya que los inversionistas perciben menores garantías de retorno para sus inversiones. Este deterioro afecta a toda la ciudadanía, dado que una infraestructura competitiva es esencial para garantizar la conectividad territorial, mejorar los servicios y, así, impulsar el desarrollo económico del país”, puntualiza Anif.