Arrancó paro de docentes, exigen el retiro de proyecto de Ley estatutaria de la Educación

Este miércoles 12 arrancó el paro anunciado por la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode), en rechazo al proyecto de Ley estatutaria de la Educación que el Gobierno de Gustavo Petro busca aprobar en último debate.

“Habrá paro a partir del 12 (de junio) con una programación de actividades diarias que incluye movilizaciones regionales y nacionales. El 17 de junio el sindicato espera hacer una gran toma en Bogotá”, indicaron organizadores.

El 17 de junio el proyecto de ley estatutaria tiene que ser discutido en la plenaria del Senado en su cuarto y último debate.

En desarrollo de esta jornada, este miércoles miles de docentes de Atlántico marcharon exigiendo el retiro del proyecto de Ley estatutaria de la Educación que de acuerdo con Fecode “privatiza la educación pública”.

Añade que el proyecto conciliado por las diferentes bancadas en la Comisión Primera Constitucional Permanente del Senado de la República, el pasado 5 de junio del año en curso, no corresponde con los acuerdos suscritos entre el Gobierno Nacional y Fecode.

“La enmienda presentada no fue consultada con la Federación, por el contrario, se hizo caso omiso a varias proposiciones que de manera oportuna radicamos en el desarrollo de los debates, con el propósito de ser discutidas e incorporadas, tal como lo reza el trámite parlamentario”, indica Fecode.

Agrega que sorpresivamente se incluyeron propuestas regresivas que desvirtúan por completo el reconocimiento del derecho fundamental a la educación, como las siguientes:

• 1. Incorpora un enfoque mixto de la educación, aperturándola a las lógicas del mercado, habilitando claramente la privatización y mercantilización de la misma bajo el pretexto del mejoramiento de la calidad y la falacia de la participación, que plasma el interés de imponer la simbiosis entre el recurso público y el sector privado.
• 2. Golpea los fines y objetivos de la educación, reafirma el enfoque basado en competencias, negando la posibilidad de abrir la discusión de una reforma curricular necesaria, debilitando el carácter y la función social que tiene la educación.
• 3. Restringe el acceso a la educación superior de las amplias poblaciones con más dificultades, al imponer como criterio la meritocracia.
• 4. Sin la suficiente sustentación ni debate con la comunidad educativa y académica, crea el nivel educativo terciario.
• 5. Incluye el mandato de los organismos multilaterales de subordinar la evaluación docente a resultados que no dependen exclusivamente de la práctica pedagógica, sino de múltiples factores asociados a la educación que le corresponde garantizar al Estado, generalizándola y profundizando su interés perverso y punitivo, desconociendo su carácter pedagógico transformador y constructivo.
• 6. Niega el carácter obligatorio de los grados de transición, jardín y pre-jardín en las instituciones educativas públicas bajo administración del Estado, con planta docente titulada y vinculada por concurso, como debe corresponder a todas las áreas, niveles y modalidades educativas.

“Por estas razones y ante el poco margen de tiempo, le planteamos al Gobierno Nacional que tome la determinación de no permitir la aprobación de este proyecto y se proceda a generar una amplia movilización, alrededor de un nuevo diálogo social participativo, que consolide y garantice la educación como un derecho fundamental y bien común”, indica la organización sindical.

El gremio además rechaza “los conciliábulos a puerta cerrada, prácticas que invisibilizan las realidades territoriales, cercenan derechos adquiridos, las libertades democráticas, alimentan los apetitos de sectores y empresarios que ven en la educación una oportunidad de negocio, mercantilización y tercerización. Nos oponemos a toda iniciativa de privatización pretendida por la derecha y la ultraderecha de este país”.

En ese sentido, Fecode hace un llamado al Senado de la República y a la Cámara de Representantes, a los sectores sociales, populares, culturales, ambientales, académicos, movimiento indígena, campesinos, estudiantil, universitario y otros, a cerrar filas para defender la Educación Pública Colombiana como bien común y derecho fundamental, la misma que debe ser gratuita, universal, atendida, garantizada y administrada directamente por el Estado.