Asofondos emprende batalla legal contra el Decreto 0415 por traslado de $25 billones a Colpensiones

Asofondos, el gremio que representa a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) Colfondos, Porvenir, Protección y Skandia, manifestó su rechazo al Decreto 0415 de 2026.

La medida gubernamental ordena el traslado de aproximadamente $25 billones de pesos desde los fondos privados hacia la entidad estatal Colpensiones, una acción que el gremio califica como “abiertamente ilegal” y contraria a los intereses de los trabajadores.

La asociación argumenta que este decreto atenta directamente contra el ahorro de los ciudadanos al incumplir lo establecido en la ley vigente, calificando la medida como “altamente lesiva”.

Según los marcos jurídicos actuales, estos recursos deben permanecer invertidos y administrados por las AFP hasta que los afiliados consoliden su derecho a la pensión; de hecho, las normas estipulan que, si el Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo del Banco de la República no está en operación, las AFP deben seguir gestionando dichos recursos.

Ante lo que consideran una contradicción evidente con el marco legal, las administradoras han anunciado el inicio de acciones legales inmediatas. El objetivo primordial es defender el ahorro pensional, preservar la legalidad y evitar que se vulnere la confianza de los ciudadanos en el sistema.

Andrés Velasco, presidente de Asofondos, enfatizó que proteger estos recursos es un deber fiduciario ineludible: “No escatimaremos esfuerzos para defender esos recursos… ese deber no es opcional”.

Desde el sector económico, la preocupación radica en la sostenibilidad financiera a largo plazo y el impacto en la estabilidad del sistema. Asofondos advierte que la medida genera profundas inquietudes sobre la protección de los ahorros individuales y afecta la confianza en las reglas del juego.

“La incertidumbre jurídica no puede trasladarse a los afiliados ni a los recursos que pertenecen a sus cuentas pensionales”, señaló Velasco, haciendo un llamado a que las autoridades actúen con estricto apego a la ley.

Finalmente, el gremio ha solicitado instrucciones claras y urgentes a las autoridades competentes para proceder ante esta situación, reiterando que la prioridad absoluta seguirá siendo la defensa del capital de los millones de trabajadores colombianos y la preservación de la institucionalidad.