Un duro golpe a la imagen del Centro Democrático representa la captura del senador Ciro Alejandro Ramírez Cortés, hecha efectiva ayer 14 de diciembre por decisión de la Corte Suprema de Justicia.
El parlamentario uribista “purasangre”, es investigado por el alto tribunal por concierto para delinquir, cohecho e interés indebido en la celebración de contratos.
De manera concreta, Coro Ramírez habría participado en un entramado criminal para direccionar contratos suscritos con el fin de construir obras por un valor superior a los 9 mil millones de pesos.
En principio la Fiscalía General investigó a Katherine Rivera Bohórquez, integrante de la Unidad de Trabajo Legislativo de Ramírez, y el contratista Anderson González González, quienes habrían participado en la manipulación de 15 contratos en Tolima, Quindío y Valle del Cauca entre noviembre de 2020 y finales de 2022.
Estos hechos los puso en conocimiento de la Corte Suprema de Justicia para que asumiera la investigación contra el parlamentario. Los hechos también están relacionados con la investigación contra el congresista fallecido Mario Alberto Castaño, quien fue condenado por la Sala de Primera Instancia por corrupción en contratación.
El contrario en la ciudad de Ibagué
El contrato por más de 9 mil millones de pesos se firmó para la construcción de un centro de salud en el municipio de Ibagué, Tolima. La Corte Suprema dice que el senador Ciro Ramírez habría recibido sobornos por parte de la empresa contratista para ganarse el contrato en la licitación.
La Corte Suprema de Justicia tiene pruebas sobre la comisión de los señalados delitos, las cuales están sustentadas en declaraciones de testigos que afirman que el senador recibió sobornos de empresas contratistas.
Igualmente, grabaciones telefónicas en las que Ramírez habla sobre la adjudicación de contratos, al igual que documentos que demostrarían que el congresista Ciro Ramírez habría utilizado su influencia para favorecer a empresas contratistas.
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