‘Cartel de los alimentos’ en el Caribe: Préstamos informales transformados en demandas ficticias y embargos indebidos

Una impactante red de estafa ha desatado un gran revuelo en el Caribe colombiano, destapando lo que se conoce como el “cartel de los alimentos”. Este presunto entramado ilegal, que involucra préstamos informales, fraude procesal y hasta fallos judiciales cuestionables, estaría transformando créditos privados en supuestas deudas por cuotas alimentarias, afectando a numerosos ciudadanos, muchos de ellos pensionados.

Las denuncias, que ya reposan en la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, apuntan a la posible implicación de jueces y otros integrantes de la Rama Judicial, no solo en el Atlántico sino también en otras zonas del norte de Colombia. Se han conocido tres denuncias formales presentadas por Orlando Reyes, José Torres y Juan Pablo Aguirre, cuyos testimonios revelan un patrón idéntico y preocupante.

El Patrón de la estafa: De un préstamo a un embargo sorpresa

Según información revelada por Semana, el denominador común entre las víctimas es desgarrador: todos firmaron documentos para acceder a un crédito en Montería (Córdoba). Semanas después, y sin haber sido notificados ni citados a conciliación, se encontraron con el descuento del 50 por ciento de su pensión por orden de jueces de municipios que desconocen por completo.

Orlando Reyes Cogollo, residente en Montería, relata: “Me hicieron firmar papeles para un préstamo, y al poco tiempo supe que me habían metido en un proceso de alimentos que yo no autoricé. Nadie me notificó y me están quitando la mitad de la pensión”.

José del Carmen Torres Romero, quien vive un calvario, fue informado que el dinero ya estaba en manos del “cartel del alimento”, y que un tercero, actuando como supuesto beneficiario de alimentos, es en realidad el cobrador del préstamo. Torres enfatiza: “El patrón es idéntico en todos los casos. Una vez firmado el préstamo, se abre un proceso de alimentos con base en documentos que uno nunca ha visto, y el juzgado falla de inmediato sin hacer ninguna verificación. Nunca nos notifican, nunca nos llaman. Solo nos damos cuenta cuando ya están descontando de la pensión”.

Juan Pablo Aguirre Casarrubia, otro docente pensionado afectado, descubrió dos procesos en su contra en Luruaco, Atlántico, sin ninguna notificación previa. Confirmó la existencia de embargos a través del sistema Tyba y se enteró de que sus colegas estaban sufriendo lo mismo, confirmando la existencia de una estructura que opera en varios juzgados del país.

Lo más llamativo es que, mientras los denunciantes residen en Córdoba y tienen sus domicilios plenamente establecidos, los juzgados implicados se encuentran en departamentos como Atlántico, Bolívar, Cesar, Sucre y Cundinamarca. Entre los despachos señalados figuran el de Luruaco (Atlántico), San Pablo, Morroa, Simití, Achí, Agustín Codazzi, Sasaima y Santa Rosa. De hecho, un juez de Sasaima, Cundinamarca, ya fue destituido e inhabilitado por hechos similares, aunque la práctica persiste.

Beneficiarios ficticios y una “estafa legalizada”

Los denunciantes son categóricos: el dinero descontado no va a manos de supuestos hijos o dependientes, sino a personas que operan como intermediarios financieros, actuando como falsos demandantes. “Un tercero es el que aparece como beneficiario y se queda con el dinero que descuenta el Fopep o Fiduprevisora. Los jueces lo permiten, no se investiga, y nosotros quedamos atrapados en una estafa legalizada”, señala Orlando Reyes.

Las víctimas han aportado pruebas contundentes, incluyendo consultas en la plataforma Tyba, copias de cédulas y certificaciones de domicilio que demuestran que ninguno de ellos reside en los municipios donde se tramitan los procesos. Incluso, algunos adjuntan registros de votación expedidos por la Registraduría Nacional que certifican su residencia en Córdoba. Los procesos, alarmantemente, son finalizados con actas de conciliación supuestamente suscritas por las partes, llevadas a otros municipios e incluso departamentos y avaladas sin cuestionamiento por los despachos judiciales.

La Jueza en el ojo del huracán y el “secreto a voces” judicial

En el centro de estas denuncias se encuentra una jueza que ejerce en el municipio de Luruaco, Atlántico. Tras conocerse las denuncias en la Comisión de Disciplina Judicial, la jueza suspendió los embargos y compulsó copias a las presuntas víctimas, aunque no a los abogados, quienes figuran como apoderados en estos escandalosos hechos.

Fuentes judiciales revelaron que estas prácticas irregulares serían un “secreto a voces” dentro de la Rama Judicial en el Atlántico, donde muchos funcionarios realizarían este tipo de acciones para presuntamente favorecer a terceros. Se menciona incluso que muchos funcionarios se “autoembargan” para no pagar a entidades financieras, una práctica que debe ser investigada para rastrear los procesos en numerosos juzgados.

Impunes y multiplicándose: la preocupante realidad

A pesar de las alertas a los sistemas antisoborno, hasta el momento “no ha pasado nada y todo ha quedado en los documentos”. Una fuente consultada dentro de los juzgados advierte que es crucial que las autoridades inspeccionen varios despachos de paz, pues estos casos del “cartel de los alimentos” estarían llegando a juzgados de paz en municipios del Atlántico donde el control es mínimo. “Debe haber una vigilancia mayor en estos procesos, porque los hechos de corrupción se pueden seguir presentando y son paisaje, pues nada pasa”, explica la fuente, quien pide reserva de su identidad por la gravedad del caso.

La misma fuente alerta sobre el “enorme” dinero que se mueve detrás de esta red y el riesgo que enfrentan quienes denuncian: “uno solo cuenta y denuncia hasta donde no se ponga en riesgo, porque incluso la vida de uno o la de su familia puede verse comprometida por la gravedad del caso”.

Ahora, la Comisión de Disciplina Judicial del Atlántico tiene la tarea de verificar si estos son casos aislados o si, por el contrario, existen muchos más procesos con irregularidades.