Casa de Nariño quedó sin armas para proteger a Petro y su gobierno

En una ceremonia de ascensos de la Policía Nacional realizada en la Plaza de Armas de la Casa de Nariño, el presidente Gustavo Petro aseguró que el Gobierno de Estados Unidos exigió la devolución de 150 fusiles que habían sido asignados para la seguridad del Palacio Presidencial.

El jefe de Estado afirmó que por ello quedó desprotegida la sede ejecutiva, y dijo que “todas las armas que cuidaban el Palacio de Nariño, 150 en total, más o menos fusiles, casi todas, incluido el antidrón, eran propiedad del Gobierno de Estados Unidos”.

Resaltó que, ante la exigencia de devolución, “el Palacio de Nariño quedó desarmado” y calificó la situación como un gesto indigno para Colombia.

Según el mandatario, la decisión del retiro no fue suya (“no fui yo”) sino una exigencia de Estados Unidos.

Petro también manifestó que, ante la ausencia de armas policiales, la responsabilidad de la protección recayó en el Batallón Guardia Presidencial, que asumiría las funciones tradicionalmente atribuidas a la Policía en ese contexto.

Asimismo, el Presidente Petro dijo sentirse afligido con la idea de que la seguridad del palacio presidencial estuviera, “por su pelea conmigo y con Colombia”, condicionada al uso de armas pertenecientes a un gobierno extranjero.

Reacciones y contexto

Según analistas este anuncio no solo pone en tela de juicio la integridad operativa de la seguridad presidencial, sino que tensiona aún más las relaciones diplomáticas con Estados Unidos.

Que un presidente revele públicamente que parte de su protección dependía de equipo extranjero, y que ese equipo fuera retirado, genera preguntas sobre los acuerdos previos, el control del armamento y la soberanía del Estado colombiano.

Desde el punto de vista institucional, queda en evidencia la necesidad de una versión oficial que aclare: ¿Cuál era el marco legal o contractual por el cual EE.UU. entregó esas armas a la Policía que custodiaba la Casa de Nariño (¿donación, préstamo, convenio militar o de cooperación)?

¿Qué autoridad nacional autorizó ese equipamiento desde un gobierno extranjero?

¿Cuándo se produjo la exigencia formal de devolución, y bajo qué motivaciones?

¿Cuál es la logística inmediata y futura para garantizar la seguridad del presidente y de la sede presidencial, mientras el Batallón Guardia Presidencial asume funciones adicionales?

Implicaciones para la seguridad presidencial

La revelación del presidente aborda un riesgo crítico: en un ambiente político polarizado y con amenazas latentes (tanto de grupos armados ilegales como de actores internacionales), la debilidad estructural en el dispositivo de seguridad presidencial podría tener consecuencias graves.

Expertos coinciden en que el hecho de depender de armamento extranjero —según el presidente— debilita la percepción de soberanía y control estatal. Y, apuradamente trasladar funciones a otros cuerpos militares o de élite (como el Batallón Guardia Presidencial) plantea retos operativos, de capacitación, coordinación interinstitucional y transparencia en el cadena de mando.