La Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) expresó su preocupación ante las recientes declaraciones del presidente Gustavo Petro, quien sugirió que el déficit fiscal del país podría compensarse mediante recortes a la inversión en concesiones viales y la devolución de recursos administrados en fiducias.
El gremio advirtió que esta postura marca un punto de inflexión inédito al pretender utilizar la infraestructura como una variable de ajuste fiscal, lo que pone en riesgo la confianza de inversionistas y financiadores.
Juan Martín Caicedo Ferrer, presidente ejecutivo de la CCI, aclaró que existe una imprecisión técnica en las cifras presentadas por el mandatario. Mientras el Ejecutivo mencionó una disponibilidad de 18 billones de pesos, el gremio precisó que los recursos reales en fiducias para el pago de obras ascienden a $6,5 billones.
Estos dineros tienen una destinación específica vinculada a contratos vigentes y su finalidad es garantizar el cumplimiento de obligaciones contractuales ya adquiridas por el Estado, por lo que no pueden considerarse excedentes fiscales.
La CCI señaló que esta aproximación genera una señal de alta sensibilidad para la estabilidad jurídica del sector. Entre las acciones que han encendido las alarmas se encuentran:
Recortes presupuestales: Se ha advertido sobre la reducción de vigencias futuras por cerca de un billón de pesos en proyectos críticos como el Canal del Dique y la vía Mulaló-Loboguerrero.
Incertidumbre en contratos vigentes: El gremio denunció anuncios de terminación anticipada y eliminación de peajes en proyectos como Autopistas del Café, sin que existan prerrogativas contractuales que lo permitan.
Precedentes negativos: La terminación anticipada del corredor de carga Barranquilla-Cartagena ya ha impactado la conectividad y logística regional, estableciendo un mal precedente sobre el manejo de los contratos.
Una función social
Para el gremio, estas medidas no son hechos aislados, sino un patrón que compromete la capacidad de planear el desarrollo a largo plazo. La infraestructura, recuerda la CCI, cumple una función social esencial, impactando a más de 1,6 millones de personas y garantizando trayectos seguros para las comunidades.
Detalló que las cifras son elocuentes. Aproximadamente 1.100 programas de sostenibilidad ambiental, cerca de 3 millones de árboles plantados, $1,2 billones en inversión en programas medioambientales, 2,5 millones de elementos arqueológicos hallados, 21.560 predios gestionados a nombre del Estado, más de 800 programas sociales y más de $117.000 millones en inversión social.
Un llamado a la institucionalidad
El gremio hizo un llamado urgente al Gobierno Nacional para que respete la institucionalidad del sector y la seguridad jurídica. “Defender la institucionalidad no es defender intereses particulares; es proteger la ejecución de obras públicas y la confianza en las reglas del juego”, afirmó la CCI, reiterando su disposición al diálogo técnico, pero exigiendo que la infraestructura sea tratada como una política de Estado y no como una herramienta coyuntural de ajuste fiscal.
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