El candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda, presentó nuevas propuestas de reforma institucional dentro de su programa de gobierno, entre las que destacan la eliminación de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes y del Consejo Nacional Electoral (CNE), así como el abandono de la idea de convocar una Asamblea Nacional Constituyente.
Las iniciativas fueron dadas a conocer tras la publicación oficial de su plan de gobierno, un documento de más de 400 páginas denominado “El Poder de la Verdad”, divulgado a menos de dos semanas de la segunda vuelta presidencial prevista para el próximo 21 de junio.
El programa recoge propuestas en materia política, económica, social y de paz, y busca profundizar las reformas impulsadas por el gobierno del presidente Gustavo Petro.
Entre los cambios institucionales más llamativos figura la supresión de la Comisión de Acusaciones, órgano de la Cámara de Representantes encargado de investigar a altos dignatarios del Estado, incluido el presidente de la República.
Cepeda considera que dicha instancia ha demostrado ser ineficaz y plantea reemplazarla por un mecanismo que garantice mayor independencia y capacidad investigativa.
El aspirante también propone eliminar el Consejo Nacional Electoral, entidad encargada de la vigilancia y control de los procesos electorales y de la financiación de campañas. En su lugar, plantea avanzar hacia un modelo de organización electoral con mayores garantías de autonomía y transparencia.
Transformaciones con la actual Constitución
Otro de los anuncios que ha generado atención es su decisión de descartar la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente.
Aunque durante la campaña había defendido la necesidad de fortalecer el llamado “poder constituyente”, Cepeda aclaró que su propósito es impulsar transformaciones institucionales dentro del marco de la Constitución vigente y mediante los mecanismos democráticos ya establecidos.
En materia de seguridad y reconciliación, el candidato planteó avanzar hacia una política de “paz integral”, una estrategia que buscaría ampliar y fortalecer los procesos de negociación con grupos armados ilegales, al tiempo que promueve la implementación de los acuerdos de paz y medidas de protección para las comunidades afectadas por el conflicto.
Las propuestas forman parte de la denominada “revolución política democrática”, uno de los tres ejes centrales de su programa de gobierno, junto con una revolución ética contra la corrupción y una transformación económica y social enfocada en la reducción de las desigualdades.
Los planteamientos han abierto un nuevo debate en la recta final de la campaña presidencial, especialmente por el alcance de las reformas que implicarían cambios profundos en la arquitectura institucional del Estado colombiano.
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