Circular de la Superservicios que podría quebrar a las térmicas tiene cinco demandas

Cuando la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios tomó en posesión a Air-e, lo cual ocurrió el 12 de septiembre de 2024, sabía que se había metido en un problema de enormes dimensiones, dado que por un lado tenía que garantizar la prestación del servicio de energía a La Guajira, Atlántico y Magdalena, y por el otro estabilizar financieramente a la compañía para garantizar su operación.

El servicio se ha mantenido, pero las dificultades económicas de la empresa persisten e incluso se han acentuado. La pregunta es: ¿Y por qué si prácticamente sigue quebrada continúa suministrándole la energía a más de 1.2 millones de usuarios? ¿Cómo lo hace?

La respuesta es sencilla: Lo que más le cuesta para operar es la energía que le compra a los generadores para luego distribuirla entre sus usuarios, pero no está sacando un solo peso para cancelar esa energía que recibe día a día.

Lo anterior quiere decir que el Gobierno Nacional a través de la Superservicios no le está pagando a las empresas generadoras lo que les compra y la deuda crece exponencialmente. Y las generadoras no pueden pararles la entrega de esa energía porque hay una disposición que no se los permite.

Lo que siempre había ocurrido antes de la intervención de Air-e, era que cuando una distribuidora se atrasaba en los pagos, le limitaban el suministro hasta cuando se pusiera al día. Hoy eso no se puede hacer porque en diciembre pasado la Superintendencia expidió una circular que exige seguir entregándole energía a la empresa Air-e intervenida, así no pague, que es lo que viene ocurriendo mes a mes. Después de la toma, a las térmicas les debe $900 mil millones y a todo el sector, $1.5 billones.

Las acciones legales en curso

El Norte conoció que esa circular, considerada atentatoria contra el esquema regulatorio que ha sostenido con éxito el sector energético durante los últimos 30 años, fue demandada y que se está a la expectativa de las decisiones que se tomen al respecto.

Esta disposición, según el presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras, ANDEG, Alejandro Castañeda, va “en contravía de cómo funciona el sector eléctrico” y de la regulación, que establece un mecanismo de limitación de suministro por falta de pago.

La circular ha sido objeto de cinco demandas en curso presentadas por diferentes actores ante tribunales administrativos, aunque hasta el momento no se ha logrado su suspensión.

Lo que está claro es que si bien el servicio de energía se sigue prestando en los citados departamentos a pesar de la grave crisis financiera de Air-e, para lograrlo están afectando severamente las finanzas de las empresas generadoras, especialmente a las térmicas, que ya no están teniendo suficiencia de recursos para comprar los combustibles con los que operan.

Y también pareciera que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y el Ministerio de Minas y Energía están cómodos con el escenario actual, porque no mueven un dedo para buscar la plata que inyecte a la empresa que hoy manejan y de esta manera pueda cumplir con el pago de sus abultadas deudas.

Y otro hecho evidente es que esta falta de acción pone en riesgo la prestación del servicio de energía eléctrica no solo en la región Caribe, sino en todo el país.

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