Un estudio realizado por Fundesarrollo y la firma consultora Frontier Economics, confirma que los escandalosos incrementos en las tarifas de energía en la región Caribe se deben en gran parte a las pérdidas que al final asumen todos los usuarios.
De manera concreta el costo unitario de prestación del servicio en 2021 y el primer trimestre de 2022 se explican principalmente por los componentes de pérdidas, distribución y comercialización, que son cargos regulados por la Creg.
El estudio mostró que el solo componente de las pérdidas explica en el caso de Air-e el 70% del alza en 2021 y el 54% en el primer trimestre de 2022. Y para Afinia el 57% en 2021 y el 42% entre enero y marzo del presente año.
De acuerdo con el análisis, en el componente de distribución para Afinia la contribución al incremento durante 2021 y el primer trimestre de 2022 fue del 18%. Y para Air-e fue 4% y 7% respectivamente. Entre tanto, en el de comercialización para Air-e el aporte al alza fue del 18% en 2021 y el 12% en los tres primeros meses de 2022. Y para Afinia fue del 20% y 10% respectivamente.
El estudio concluye que la regulación de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, CREG, establecido para el mercado del Caribe colombiano, desembocó en el reconocimiento de todas las pérdidas, incluyendo el robo de energía.
Quiere decir que dicha disposición le dio vía libre a que los usuarios que no roban energía, tengan que pagar los fraudes que cometen otros.
RÉGIMEN PARA EL CARIBE SE APARTA DE LEY 142
Fundesarrollo y Frontier Economics señalan que con el régimen normativo “singular y transitorio” para la región Caribe, la Creg se aparta de los siguientes criterios básicos descritos en el Artículo 87 de la Ley 142 de 1994 para definir las fórmulas tarifarias que adopten las Comisiones de Regulación en Colombia, presuntamente en cumplimiento de lo establecido en la Ley 1955 de 2019 (Ley del Plan) y sus decretos reglamentarios.
a. Criterio de eficiencia económica: “87.1.- Por eficiencia económica se entiende que el régimen de tarifas procurará que éstas se aproximen a lo que serían los precios de un mercado competitivo; que las fórmulas tarifarias deben tener en cuenta no solo los costos sino los aumentos de productividad esperados, y que éstos deben distribuirse entre la empresa y los usuarios, tal como ocurriría en un mercado competitivo; y que las fórmulas tarifarias no pueden trasladar a los usuarios los costos de una gestión ineficiente, ni permitir que las empresas se apropien de las utilidades provenientes de prácticas restrictivas de la competencia”.
b. Criterio de neutralidad “87.2.- Por neutralidad se entiende que cada consumidor tendrá el derecho a tener el mismo tratamiento tarifario que cualquier otro si las características de los costos que ocasiona a las empresas de servicios públicos son iguales”.
c. Criterio de simplicidad “Por simplicidad se entiende que las fórmulas de tarifas se elaborarán en tal forma que se facilite su comprensión, aplicación y control”.
d. Criterio de transparencia “87.6.- Por transparencia se entiende que el régimen tarifario será explícito y completamente público para todas las partes involucradas en el servicio, y para los usuarios”.
El documento precisa que, con esa regulación para la región Caribe, la Creg ha propendido por un modelo que busca remunerar el costo de las empresas reguladas más que el costo de la empresa eficiente, lo que desembocó en el reconocimiento de todas las pérdidas, incluyendo el fraude de energía, sin que se haya hecho un análisis de eficiencia; en la adopción de tarifas retrospectivas; y en la recuperación de la inversión de los operadores como objetivo principal.
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