Colombia destina $7.200 millones para sacrificar hipopótamos

En una decisión sin precedentes tras más de 40 años de inacción, el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, ha activado un plan de choque integral para controlar la población de hipopótamos (Hippopotamus amphibius) en el país.

Con una inversión histórica de 7.200 millones de pesos, la estrategia busca reducir progresivamente el número de estos individuos, que hoy representan una amenaza crítica para la biodiversidad y las comunidades locales.

Desde su introducción ilegal en la década de 1980, la población de hipopótamos ha crecido exponencialmente a partir de solo cuatro ejemplares iniciales. Actualmente se estima que existen más de 200 individuos, y las proyecciones científicas son alarmantes: de no intervenir, la cifra podría escalar a 500 para el año 2030 y alcanzar los 1.000 ejemplares en 2035.

Esta especie, declarada oficialmente como exótica invasora en 2022, ha generado impactos negativos severos en la calidad del agua y pone en riesgo la supervivencia de fauna nativa como el manatí y la tortuga de río.

Eutanasia y translocación: las vías del control

La ministra de Ambiente (e), Irene Vélez Torres, explicó que el plan se basa en evidencia científica y contempla dos caminos principales: la translocación y, por primera vez de manera oficial, un protocolo técnico de eutanasia para lo hipopótamos.

Eutanasia Técnica: Se implementará bajo estándares estrictos de bienestar animal y bioseguridad, contemplando modalidades químicas (mediante sedación y administración de medicamentos) y físicas en casos de difícil acceso logístico. Según la ministra, esta medida es indispensable ya que sin ella “es imposible controlar el crecimiento de la especie”.

Translocación: Aunque se ha intentado trasladar individuos a países como México, Filipinas y Ecuador, las barreras legales, los altos costos y la baja diversidad genética de la población (que ya presenta deformaciones por endogamia) han limitado el éxito de esta alternativa. Actualmente se espera respuesta de una gestión diplomática realizada con la India el pasado 9 de abril.

Financiamiento y ejecución territorial

Los 7.200 millones de pesos destinados a esta primera fase provienen del Fondo para la Vida y la Biodiversidad. Estos recursos están dirigidos a eliminar la barrera presupuestal que enfrentaban las Corporaciones Autónomas Regionales (Cornare, Corantioquia, Corpoboyacá y CAS), encargadas de ejecutar las acciones en el territorio. El objetivo inmediato es sustraer de los ecosistemas al menos a la mitad de los individuos estimados actualmente para “inclinar la curva” de crecimiento.

Hoja de ruta para 2026

El Gobierno ha establecido un cronograma estricto para la implementación de estas medidas urgentes:

• 13 de abril de 2026: Publicación de los lineamientos, metas y protocolos oficiales de translocación y eutanasia.
• 15 de junio de 2026: Firma de convenios con las corporaciones regionales para iniciar la ejecución.
• Segundo semestre de 2026: Inicio de las operaciones de manejo y control en las zonas identificadas de alta complejidad.

Además de estas medidas, se contempla el confinamiento y la esterilización en áreas delimitadas como una forma de aislamiento físico hasta la muerte natural de los ejemplares, aunque esta opción supone retos mayores en infraestructura y costos. Con este plan, Colombia busca finalmente dar una solución técnica y responsable a un problema ambiental que ha crecido sin control durante décadas.