El Ministerio de Minas y Energía de Colombia anunció la apertura de un nuevo mecanismo de subasta de contratación de energía a largo plazo.
Esta iniciativa busca no solo robustecer la infraestructura eléctrica nacional, sino también blindar el sistema ante la volatilidad de precios y los efectos del cambio climático.
La nueva convocatoria adjudicará contratos con una duración de 15 años, cuyas obligaciones de suministro iniciarán en 2030. Además, el Gobierno ha previsto una subasta adicional con inicio en 2035, con el fin de ampliar la planeación energética a largo plazo y garantizar energía firme para el futuro.
Este mecanismo responde directamente a las alertas sobre posibles riesgos en la cobertura de la demanda y una creciente exposición a los precios de la bolsa a partir de 2027, factores que suelen agravarse durante fenómenos climáticos como El Niño.
Según el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, el objetivo es “dejar atrás la improvisación energética” y proteger a los usuarios finales de la inestabilidad tarifaria.
Apuesta por la innovación y las energías limpias
Una de las novedades de esta subasta es la inclusión, por primera vez, de productos específicos para Sistemas de Almacenamiento de Energía con Baterías (SAEB), además de esquemas diferenciados para energía solar fotovoltaica y plantas híbridas. Estos elementos son considerados clave para mejorar la flexibilidad y estabilidad del sistema eléctrico nacional.
El proyecto busca acelerar el cumplimiento de las metas de incorporación de Fuentes No Convencionales de Energía Renovable (FNCER).
Al respecto, el ministro Palma destacó la necesidad de una matriz energética menos vulnerable: “Necesitamos más sol, más viento, más almacenamiento y más capacidad instalada para garantizar soberanía energética”.
Plazos y participantes
La subasta está abierta a generadores, autogeneradores y comercializadores, quienes deberán cumplir con la obligación legal de integrar energías renovables en sus portafolios de compra. De acuerdo con la resolución ministerial, este nuevo esquema de contratación deberá estar implementado antes del 31 de julio de 2026.
Con esta medida, Colombia busca consolidar una matriz energética más resiliente, diversificada y baja en carbono, alineada con los objetivos de una transición energética justa y competitiva.
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