A pocos días de la primera vuelta de las elecciones presidenciales, la Sección Quinta del Consejo de Estado ha emitido una orden directa al presidente Gustavo Petro para que cese de inmediato la difusión de propaganda electoral.
El alto tribunal determinó que el mandatario ha incumplido las restricciones impuestas por la Ley de Garantías Electorales (Ley 996 de 2005), al utilizar su posición como servidor público para promover contenidos a favor de su proyecto político.
La determinación judicial responde a una acción de cumplimiento interpuesta por la Fundación para el Estado de Derecho (FEDE Colombia).
Según la demanda, el jefe de Estado y el Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE) incurrieron en una conducta “reiterada y sistemática” de difusión de mensajes electorales tanto en cuentas personales de redes sociales como en canales institucionales oficiales.
Fundamentos del fallo
El Consejo de Estado subrayó que la prohibición de participar en política busca preservar la imparcialidad de la función pública y garantizar la igualdad de condiciones en la contienda democrática.
El fallo resalta que, si bien el presidente tiene derecho a defender sus programas de gobierno, el uso de la investidura oficial y de plataformas públicas para captar votos rompe el equilibrio necesario en una democracia.
El tribunal precisó que las intervenciones del mandatario “desnaturalizaron el carácter informativo y pedagógico” que debe regir la comunicación oficial del Estado.
Para sustentar la orden, el alto tribunal realizó un examen cronológico de las comunicaciones del mandatario en la red social X y en alocuciones públicas. Entre los hechos probados se destacan:
Un mensaje de enero de 2024 convocando a un “Frente Amplio” con el objetivo explícito de ganar los comicios de 2026.
Publicaciones en cuentas oficiales en septiembre de 2024 defendiendo la necesidad de que el “proyecto progresista” ganara las elecciones mientras se atacaba a la oposición.
Un discurso en Ibagué en octubre de 2025, donde instó a la ciudadanía a “ponerse en modo constituyente” y apoyar las listas al Congreso para reelegir su proyecto.
Vigilancia estricta
La orden judicial exige al presidente abstenerse, de ahora en adelante, de difundir propaganda a favor o en contra de cualquier agrupación política mediante publicaciones oficiales, televisión, radio estatal o imprenta pública.
Para asegurar la efectividad del fallo, el Consejo de Estado ordenó a la Procuraduría General de la Nación, bajo la dirección de Gregorio Eljach, vigilar estrictamente que el presidente Petro acate esta restricción de manera inmediata.
Aunque el tribunal desvinculó de responsabilidad al DAPRE por ser una entidad administrativa y no una persona natural, la totalidad de las órdenes se concentran en la figura del presidente de la República.
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