Consejo de Estado suspende decreto que eliminaba prima especial de $18 millones para los congresistas

El Consejo de Estado suspendió de manera provisional los efectos del decreto expedido por el Gobierno del presidente Gustavo Petro que eliminaba la prima especial de servicios de aproximadamente 18 millones de pesos para los congresistas.

Se trata de una decisión que revive temporalmente ese beneficio mientras la alta corporación resuelve de fondo la demanda de nulidad presentada contra la norma.

La medida cautelar fue adoptada por el conjuez Héctor Santaella Quintero, quien asumió el estudio del proceso debido a que los magistrados de la Sección Segunda del Consejo de Estado se declararon impedidos por un posible conflicto de interés, dado que la modificación del régimen salarial de los congresistas también podría tener efectos sobre la remuneración de otros altos funcionarios del Estado.

El decreto suspendido, expedido en enero de este año, establecía que los congresistas que asumieran sus curules a partir del 20 de julio de 2026 dejarían de recibir la denominada prima especial de servicios, creada en 2013 para reemplazar las primas de salud, localización y vivienda. La medida hacía parte de la política de austeridad promovida por el Gobierno Nacional.

Impacto más allá del Congreso

Uno de los principales argumentos del Consejo de Estado para decretar la suspensión provisional fue que la eliminación de la prima no solo afectaba a los parlamentarios, sino que tendría repercusiones sobre el régimen salarial de funcionarios de otras ramas y organismos del Estado.

Según el alto tribunal, la Ley 4 de 1992 establece una relación entre la remuneración de los congresistas y la de altos funcionarios de la Rama Judicial, la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría, la Contraloría General, la Defensoría del Pueblo y la Registraduría Nacional, entre otras entidades.

En consecuencia, la supresión de ese componente salarial podría generar un efecto en cadena sobre los ingresos de esos servidores públicos.

La providencia señala que, en esta etapa inicial del proceso, existen elementos suficientes para considerar que el decreto podría vulnerar principios y normas constitucionales relacionados con el régimen salarial de los servidores públicos, razón por la cual resulta procedente suspender temporalmente sus efectos mientras se adopta una decisión definitiva.

No es un fallo definitivo

El Consejo de Estado aclaró que la suspensión provisional no implica que el decreto sea ilegal. Se trata de una medida cautelar destinada a evitar que la norma produzca efectos mientras avanza el proceso judicial.

Durante el trámite de la demanda, la alta corporación determinará si el Gobierno tenía competencia para eliminar la prima especial mediante decreto y si dicha decisión se ajusta a la Constitución y a la ley. Hasta entonces, continuará vigente el régimen salarial anterior para los congresistas cobijados por esa regulación.

La decisión reabre el debate jurídico y político sobre los salarios de los congresistas y sobre los límites que tiene el Ejecutivo para modificar beneficios salariales que, por disposición legal, también inciden en la remuneración de otros altos funcionarios del Estado.

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