Consejo Gremial Nacional urge a la Corte Constitucional suspender Decreto de Emergencia Económica

El Consejo Gremial Nacional (CGN) presentó una solicitud formal ante la Corte Constitucional para que se decrete la suspensión provisional de los efectos del Decreto 1390 de 2025. Esta norma, expedida el 22 de diciembre de 2025, declaró el Estado de Emergencia Económica en todo el territorio nacional por un término de 30 días.

El gremio argumenta con firmeza que la declaratoria es manifiestamente inconstitucional, señalando que los hechos invocados por el Gobierno no cumplen con los requisitos de realidad y sobreveniencia exigidos por la Carta Política.

Según el CGN, la situación fiscal que motiva el decreto no es producto de hechos repentinos, sino de problemáticas estructurales y de carácter crónico, como el pago de sentencias judiciales, obligaciones contractuales previas y la gestión de desastres naturales, los cuales deberían abordarse mediante mecanismos ordinarios y no a través de facultades de excepción.

La petición enfatiza que el Gobierno ha incurrido en un uso abusivo de las facultades de excepción, lo cual vulnera de manera directa el principio de separación de poderes y el principio de legalidad tributaria. Para el sector gremial, resulta inadmisible que se utilice la emergencia económica para “expropiar” al Congreso de su función exclusiva de crear impuestos, especialmente después de que el legislativo decidiera no aprobar los proyectos de ley de financiamiento presentados por el Ejecutivo.

El documento, firmado por el presidente saliente del CGN, Camilo Sánchez Ortega, advierte que este actuar busca eludir el control político y constitucional, permitiendo al Gobierno recaudar rentas de forma inmediata antes de que la Corte pueda pronunciarse de fondo.

Efectos irremediables

Además de los vicios jurídicos, la solicitud resalta la existencia de efectos irremediables que la vigencia del decreto generaría sobre la economía nacional. Entre estos se destacan:

Inestabilidad para pequeñas y medianas empresas debido a nuevas cargas tributarias, como las modificaciones previstas al impuesto al patrimonio.

Desincentivo a la inversión nacional y extranjera por la falta de seguridad jurídica y el aumento del riesgo-país y distorsiones financieras y encarecimiento del crédito que podrían afectar el empleo y el crecimiento económico.

Finalmente, el CGN advierte que, de no suspenderse el decreto, se consolidaría un daño irreparable para los contribuyentes a partir del 1.º de enero de 2026, fecha en la cual comenzarían a causarse obligaciones tributarias que serían muy difíciles de revertir en la práctica, incluso ante una futura declaratoria de inexequibilidad.