La reciente captura en territorio venezolano de tres de los principales sospechosos en el caso de Yulixa Toloza, la mujer de 52 años que falleció tras un procedimiento estético clandestino, ha dado un giro jurídico que complica las pretensiones de la justicia colombiana.
A pesar de que la Fiscalía General de la Nación anunció trámites para solicitar su envío a Colombia, expertos y juristas advierten que la extradición es legalmente inviable debido a las normas constitucionales del país vecino.
El principal obstáculo radica en el Artículo 69 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el cual prohíbe taxativamente la extradición de sus nacionales.
Según explicó la exministra de Justicia Ángela María Buitrago y el abogado Francisco Bernate, aunque existe un tratado de extradición vigente desde 1911, este no aplica para ciudadanos venezolanos capturados en su propio suelo.
Los tres detenidos en los estados de Portuguesa y Aragua son de nacionalidad venezolana: María Fernanda Delgado, presunta dueña del centro de estética Beauty Laser M.L.
Edinson José Torres Sarmiento, administrador del establecimiento y pareja de Delgado y Eduardo David Ramos, señalado como el “falso cirujano” que realizó la intervención sin formación médica.
Investigación en Venezuela
Ante la imposibilidad de que los sospechosos sean trasladados a Bogotá, el escenario más probable es que sean juzgados y procesados en Venezuela por los delitos de desaparición forzada y homicidio agravado.
Para que este proceso avance y se evite la impunidad,
Colombia debe actuar como país requirente, trasladando todo el material probatorio a las autoridades venezolanas para que sus jueces y fiscales asuman la investigación bajo sus propias leyes.
La legislación de Venezuela contempla que sus ciudadanos deben ser juzgados localmente por delitos cometidos en el extranjero si se cumplen los estándares judiciales de ambos países.
Avances del caso y otros implicados
Mientras la situación de los capturados en Venezuela se define en un plazo aproximado de 90 días, la justicia en Colombia avanza con otros dos detenidos capturados en Cúcuta: Jesús Alberto Hernández y Kelvis Daniel Sequera.
Estos sujetos, quienes habrían sido clave para localizar el cuerpo de Yulixa en la vía Apulo-Anapoima, enfrentan cargos por favorecimiento, homicidio en calidad de cómplice y ocultamiento de material probatorio.
El cuerpo de la víctima permanece en el Instituto de Medicina Legal, donde se espera el dictamen forense final que determine las causas exactas del fallecimiento en la clínica clandestina del barrio Venecia.
Sus familiares y amigos continúan exigiendo que, independientemente de la jurisdicción, los responsables enfrenten penas que podrían oscilar entre los 20 y 30 años de prisión.
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