En un llamado a la movilización social y a la profundización de las reformas gubernamentales, el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, reiteró la propuesta ambiciosa para convocar una nueva asamblea constituyente en Colombia. La iniciativa, presentada en el marco de la III Cumbre Social de los Pueblos de América Latina y el Caribe celebrada en Santa Marta, busca asegurar que el actual gobierno se consolide en una “era del cambio para Colombia”.
La propuesta, que resalta que las transformaciones en curso son fruto de la fuerza de los movimientos sociales y populares, tiene como principal objetivo completar la obra inconclusa de la Constitución de 1991. “Como lo ha indicado el presidente Petro, no se trata de cambiar integralmente la Carta Magna, sino de finalizar la promesa de un Estado Social de Derecho”, afirmó el ministro Sanguino.
Según se ha detallado, este proceso constituyente debe ser liderado por las organizaciones y movimientos sociales, impulsado por una gran movilización nacional.
La ruta hacia el Congreso
Uno de los aspectos más definidos de la iniciativa es el cronograma legislativo. El proyecto de ley de convocatoria a la constituyente tiene como meta ser radicado en el Congreso de la República el próximo 20 de julio. El plan estratégico apunta a que esta radicación no ocurra en el congreso actual, sino en el próximo congreso que se elija en las elecciones de marzo. Esto implica que la constituyente se radicaría en julio, buscando ser impulsada por una inmensa bancada de las fuerzas alternativas, del Pacto Histórico y de las demás fuerzas aliadas de la coalición de gobierno. La expectativa es que el Congreso que resulte de dichas elecciones sea “un congreso con constituyente”.
El ministro Sanguino, expresó que el presidente Petro ha dicho que el proyecto de ley de convocatoria a la constituyente debe estar acompañado de 10 millones de firmas de colombianos y colombianas.
Alcance y duración definidos
En cuanto al alcance de la asamblea constituyente, el presidente de la República ha manifestado que se abordaría una agenda temática acotada a los cambios que son urgentes para garantizar una perspectiva de cambio de mediano y largo plazo. Estos cambios buscan permitir que el poder constituyente se exprese sobre las transformaciones que quedarían pendientes después de terminado el mandato presidencial.
Además, se ha planteado que la duración de las sesiones de la constituyente sería limitada, sesionando por tres meses, o a lo sumo por un periodo de cinco o seis meses para abordar, votar y aprobar esos cambios específicos.
La visión que se impulsa desde la Cumbre Social busca convertir las reformas iniciadas por el gobierno en un legado estructural de largo aliento, asegurando que los avances logrados no sean efímeros, sino que queden plasmados en una nueva era de transformaciones para la nación.

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