De la Espriella desmiente que le hayan pagado honorarios con plata de la salud

En medio de la contienda electoral, el candidato presidencial Abelardo De La Espriella negó categóricamente haber recibido recursos destinados a la salud a través de su firma de abogados, De La Espriella Lawyers, en el marco de su relación profesional con la EPS Salud Vida.

El abogado y político sostuvo que su participación se limitó estrictamente a la representación legal y defensa jurídica de la entidad durante los procesos de intervención y liquidación adelantados por las autoridades.

La declaración surge como respuesta directa a las acusaciones del senador Iván Cepeda, quien denunció que la firma del candidato habría recibido cerca de 18 mil millones de pesos por concepto de honorarios y primas de bonificación.

Ante esto, De La Espriella calificó la cifra como falsa y aseguró que el valor real del contrato, que se extendió por un periodo de cuatro a cinco años, no superaría los 2.500 o 3.000 millones de pesos. Asimismo, el candidato anunció que hará público el contrato para demostrar la veracidad de sus afirmaciones.

Mi firma defendió a Salud Vida, pero jamás manejó recursos de la salud“, enfatizó De La Espriella, subrayando que ni él ni su oficina han tenido negocios en el sector salud más allá de la prestación de servicios jurídicos especializados.

Falsos positivos judiciales

El aspirante presidencial atribuyó las denuncias de Cepeda a una estrategia electoral basada en lo que denominó “falsos positivos judiciales” y difamación, señalando que su oponente ha construido su carrera sobre la judicialización de contradictores políticos.

Más allá de la controversia judicial, De La Espriella aprovechó para reafirmar su visión sobre el sistema sanitario, proponiendo un plan de choque de 10 billones de pesos para estabilizar la atención médica y garantizar medicamentos.

Su propuesta defiende el modelo mixto y la participación del sector privado, buscando retomar elementos del sistema previo a las reformas del actual gobierno, bajo una vigilancia estatal más estricta que permita la permanencia de las EPS que cumplan con los estándares de calidad.