En una nueva maniobra legal, la defensa del expresidente Álvaro Uribe Vélez interpuso este lunes una acción de tutela con el propósito de suspender la orden de detención domiciliaria dictada en su contra mediante un fallo que le impuso una condena de 12 años de prisión por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal.
La medida busca que Uribe permanezca en libertad mientras se resuelve la apelación correspondiente. De ser admitida, el juez constitucional podría suspender la ejecución de la detención domiciliaria y ordenar que Uribe continúe su defensa en libertad mientras avanza el proceso de apelación.
La tutela pide declarar la suspensión tanto de la detención domiciliaria como de la ejecución del fallo, apelando a vulneraciones al derecho al debido proceso y la presunción de inocencia, argumentando la ausencia de elementos probatorios suficientes que acrediten su condición de determinador de los delitos imputados.
El 1 de agosto de 2025, la jueza Sandra Liliana Heredia, del Juzgado 44 Penal del Circuito de Bogotá, condenó a Uribe por manipular testigos a través del abogado Diego Cadena, impuso una multa millonaria (equivalente a más de 2.400 salarios mínimos) y dictó su detención domiciliaria inmediata.
La defensa anunció de inmediato su intención de apelar la sentencia ante el Tribunal Superior de Bogotá, que evaluaría la apelación antes de mediados de octubre.
La movilización para el 7 de agosto
Recordemos que el expresidente Iván Duque solicitó una tutela masiva respaldada por millones de ciudadanos, afirmando que Uribe debe seguir defendiendo su caso en libertad mientras se agotan todos los recursos legales.
Sectores jurídicos y académicos expresaron su preocupación ante la imposición inmediata de medidas restrictivas, advirtiendo que podrían sentar precedentes peligrosos sobre el uso excesivo de la detención preventiva sin riesgos objetivos como fuga u obstaculización del proceso.
Desde el uribismo se ha convocado una movilización para el 7 de agosto, en respaldo al exmandatario y en defensa de lo que consideran un ataque político disfrazado de fallo legal.
No es el primer recurso de tutela en este expediente: en febrero y marzo de 2025, la defensa presentó intentos similares que fueron rechazados por el Tribunal Superior de Bogotá, aunque esta nueva acción coincide con un fallo ya promulgado que impone sanciones alternativas (detención domiciliaria).
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