El vicepresidente José Manuel Restrepo presentó ante la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría un informe con más de 80 presuntos casos de corrupción detectados durante el proceso de empalme con la anterior administración. El documento fue denominado ‘El libro de la verdad’.
El gobierno de Abelardo De la Espriella entregó este martes a los organismos de control un documento que reúne más de 80 denuncias y hallazgos relacionados con presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos durante la administración de Gustavo Petro.
La entrega estuvo a cargo del vicepresidente José Manuel Restrepo, coordinador del empalme anticorrupción, quien llevó el denominado ‘Libro de la verdad’ ante la Fiscalía General de la Nación. El documento también fue puesto en conocimiento de la Procuraduría y la Contraloría para que cada entidad determine, dentro de sus competencias, si existen responsabilidades penales, fiscales o disciplinarias.
Restrepo explicó que los casos fueron identificados durante el proceso de transición y que, además de los más de 80 expedientes documentados, el equipo encontró patrones que, según el Gobierno, se habrían repetido en diferentes entidades de la administración saliente.
“Son más de 80 casos documentados y reportados”, señaló el vicepresidente, quien advirtió que los hallazgos representan, según su evaluación, un problema relacionado con el manejo de los recursos públicos.
Los primeros hallazgos revelados
Entre los casos mencionados públicamente aparece la situación del programa Colombia Mayor. Según Restrepo, el presupuesto destinado para todo el año habría sido agotado en julio, dejando desfinanciada la atención correspondiente a los meses siguientes para cerca de tres millones de adultos mayores.
El vicepresidente también cuestionó decisiones relacionadas con la Cancillería, entre ellas la firma de 785 contratos por aproximadamente $83.000 millones antes de la entrada en vigor de la ley de garantías, además de modificaciones en los requisitos para representar a Colombia en el exterior.
Otro de los asuntos mencionados corresponde al gasto de $8.500 millones en sedes temporales, algunas de las cuales tendrían una duración estimada de apenas entre 90 y 120 días. Restrepo sostuvo que estos hechos serían ejemplos de un patrón más amplio que quedó consignado en el informe.
El funcionario aseguró además que el equipo anticorrupción ya había trasladado denuncias penales, acciones fiscales y quejas disciplinarias a las autoridades competentes.
Fiscalía anuncia verificación de las denuncias
Tras recibir el documento, la fiscal general Luz Adriana Camargo hizo énfasis en que los señalamientos deberán pasar por un proceso de verificación técnica y jurídica, antes de establecer si existe mérito para abrir investigaciones.
La jefe del ente acusador señaló que se conformó un equipo especial para revisar los hechos reportados, encabezado por funcionarios de las unidades encargadas de investigar delitos contra la administración pública y asuntos de corrupción.
Camargo también recordó que cualquier investigación debe respetar la presunción de inocencia y el debido proceso, por lo que la existencia de un señalamiento o denuncia no implica que una persona haya cometido un delito.
La Fiscalía deberá ahora contrastar la información aportada por el Gobierno con las pruebas que sean recaudadas y determinar cuáles de los casos tienen fundamento suficiente para avanzar hacia una investigación penal.
Gobierno pide que se determine dónde terminaron los recursos
Por su parte, el presidente Abelardo De la Espriella aseguró que la entrega del documento no pretende anticipar condenas, sino poner en manos de las autoridades información que permita establecer qué ocurrió durante el anterior gobierno.
El mandatario pidió que, si las investigaciones confirman la existencia de delitos, faltas disciplinarias o responsabilidades fiscales, los responsables sean procesados conforme a la ley.
El caso abre así un nuevo frente judicial y político para la administración de Gustavo Petro, mientras los organismos de control comienzan a revisar uno por uno los más de 80 presuntos casos de corrupción incluidos en el llamado ‘Libro de la verdad’.
Por ahora, los señalamientos hacen parte de un conjunto de denuncias y hallazgos que deberán ser probados ante las autoridades. Será la Fiscalía, junto con los demás organismos competentes, la encargada de establecer si existieron delitos y quiénes tendrían responsabilidad en cada caso.
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