El Gobierno Nacional publicó para comentarios un proyecto de resolución que establece un mecanismo para que los usuarios del servicio de energía en todo el país asuman, a través de sus facturas mensuales, la millonaria deuda que la comercializadora y distribuidora Air-e y otras empresas intervenidas mantienen con las generadoras y transmisoras.
La propuesta técnica consiste en que el Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales, ASIC, recaude entre toda la demanda del Sistema Interconectado Nacional, SIN, un valor de $8 por kilovatio-hora ($/kWh).
Este monto se aplicará como un valor complementario en el componente de restricciones, que es el rubro de la tarifa destinado originalmente a compensar a los generadores cuando existen dificultades en el transporte de electricidad.
Los recursos obtenidos serán distribuidos entre los acreedores de los agentes que han sido intervenidos por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Aunque la medida menciona a las empresas intervenidas en general, en el sector eléctrico es claro que el principal beneficiario es Air-e, cuya deuda con el mercado alcanzó los $2,5 billones de pesos al cierre de diciembre de 2025.
Una crisis sistémica que amenaza el suministro
El Gobierno justifica esta medida ante lo que ya reconoce oficialmente como una importante crisis en el sector energético provocada por la insolvencia de Air-e.
Según los documentos oficiales, la situación financiera de los prestadores en la región Caribe representa una amenaza que podría derivar en apagones debido a la falta de capacidad financiera de los operadores a quienes Air-e les adeuda dinero.
Crecimiento de la deuda y afectación financiera
Las obligaciones vencidas de Air-e aumentan a una tasa de cerca de $200.000 millones mensuales y a pesar que atiende solo al 12% de la demanda nacional, su incumplimiento financiero tiene el potencial de afectar a agentes que representan aproximadamente el 40% de la demanda total del país. Por ello se trata de un riesgo estructural.
Por otro lado, análisis de estrés indican que entre 18 y 20 comercializadores enfrentarían afectaciones financieras significativas si no se soluciona el impago, independientemente de si los precios de la energía en bolsa son altos o bajos.
Plazos y regulación
El proyecto de resolución estará disponible para comentarios hasta el 22 de enero de 2026. Una vez en firme, la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) contará con un plazo de seis meses para reglamentar e implementar un esquema de confiabilidad definitivo que mitigue este riesgo sistémico.
El gobierno ha dicho que esta intervención regulatoria urgente surge tras las advertencias del administrador del mercado, XM, sobre la inminencia de un colapso en la cadena de pagos del Mercado de Energía Mayorista (MEM).
El Ejecutivo finalmente acepta que la crisis en el Caribe no es un problema regional aislado, sino un reto para la seguridad energética de toda la nación.
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