- Agente especial interventor de la compañía advierte que funcionarios que representan a estas entidades están incursos en causal de destitución.
Entidades públicas de los departamentos de Atlántico, La Guajira y Magdalena le adeudan a la empresa Air-e intervenida más de 94 mil millones de pesos.
Se trata de la cartera morosa que el sector oficial tiene con esta compañía distribuidora y comercializadora de energía, que sin duda incide en su deterioro financiero, el cual llevó a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios a intervenirla bajo la modalidad de administración temporal con fines liquidatorios.
En el caso del Atlántico, sumando las deudas de las entidades más representativas de este departamento, la cartera morosa se encuentra cercana a los 30 mil millones de pesos.
En el departamento de La Guajira, las deudas oficiales más representativas alcanzan casi los 12 mil millones de pesos, mientras que en Magdalena suman cerca de 20 mil millones de pesos.
Ante este hecho el agente especial interventor, Edwin Palma Egea, le envió una carta al procurador general, Gregorio Eljach Pacheco, en la cual plantea la gravedad de esta situación y advierte que podría provocar la destitución de muchos funcionarios por el no pago de tales compromisos.
La sanción de destitución
Argumenta que los funcionarios públicos representan a los distintos estamentos del Estado y, en tal sentido, deben servir de ejemplo a la comunidad y a los demás usuarios para el cumplimiento de la Ley, “representado en nuestro caso en el pago oportuno de la energía eléctrica que se suministra”.
Sustenta su planteamiento en que los artículos 12 de la Ley 142 de 1994 y 49 de la Ley 143 de 1994, contemplan la sanción de destitución para los representantes de las entidades oficiales que incumplan el deber de presupuestar y cancelar el servicio de energía, sin perjuicio de las responsabilidades civil y penal que puedan corresponderles.
Y agrega que “por disposición de estas mismas normas el impago de la factura de energía se considera una conducta grave, la cual atenta contra el principio de solidaridad que, entre otros, exige que cada usuario asuma las cargas razonables que le son propias en virtud de la Constitución, la ley y el contrato respectivo.
En la carta al procurador, el agente especial de Air-e intervenida subraya en que la posibilidad de una efectiva prestación del servicio de energía está condicionada a la viabilidad financiera, “de tal forma que la reiteración de prácticas ilegales como abstenerse de cancelar la factura contribuye a su afectación, lo que en términos del artículo 365 de la Constitución también vulnera la finalidad social del Estado”.
En el Atlántico, entre las entidades morosas con Air-e se encuentran: ESE UNA, Distrito de Barranquilla, Municipios Sabanalarga, Soledad, Suan, Santa Lucía, Campo de la Cruz, Ponedera y ESE Hospital de Candelaria.
En La Guajira y Magdalena
En La Guajira: ESE Hospital Nuestra Señora de Los Remedios de Riohacha, Acueducto de Manaure, Municipios de Riohacha, Maicao, Hatonuevo, Uribia, Albania, Manaure, San Juan y ESE Hospital San Rafael de Albania.
En Magdalena: ESE Hospital San Cristóbal de Ciénaga, Distrito de Santa Marta, Municipios de Chibolo, Remolino, El Piñón, Ciénaga, Pedraza, Concordia, Pueblo Viejo y Pivijay.
Noticia relacionada: https://elnorte.com.co/index.php/2025/01/21/sintraenergia-destaca-medidas-de-edwin-palma-en-favor-de-trabajadores-de-air-e-intervenida/

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