A cerca de 30 mil millones de pesos asciende la deuda morosa que tienen con Air-e intervenida las diferentes entidades oficiales del departamento del Atlántico. De esa cantidad más del 40 por ciento lo debe la ESE UNA.
Esta cartera mala por concepto de la prestación del servicio de energía, sumada a las de Magdalena y La Guajira, ha sido uno de los factores que incidieron y siguen incidiendo en el deterioro financiero de la compañía.
En el caso particular del Atlántico, llama mucho la atención la escandalosa cartera vencida por concepto del servicio de energía de la Empresa Social del Estado Universitaria del Atlántico (ESE UNA), que llega a más de 13 mil 135 millones de pesos.
Esta es una entidad pública descentralizada de categoría especial, del orden departamental, dotada de personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, adscrita a la Secretaría de Salud. Presta sus servicios en el antiguo Hospital Cari, que fue remodelado por la pasada administración departamental.
Con semejante deuda en mora, todo apunta a que dicha institución, o se encuentra en serias dificultades financieras que no le permiten pagar la luz, o sus directivos entraron hace rato en la cultura del no pago.
Lo que adeuda el Distrito
Otra de las deudas altas y morosas del sector oficial con Air-e, la tiene el Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla a través de diferentes dependencias. Suman en total 3 mil 500 millones de pesos.
Por ejemplo, en el segmento de educación debe por concepto del servicio de energía 2.250 millones de pesos, mientras que en salud adeuda 159 millones de pesos.
El Municipio de Sabanalarga, incluyendo el acueducto, tiene una cartera vencida superior a los 2.800 millones de pesos. Y en el caso del municipio de Soledad, se acerca a los 1.900 millones de pesos.
El total de la cartera vencida de Air-e entre todas las entidades oficiales de los departamentos Atlántico, La Guajira y Magdalena, supera los 94 mil millones de pesos. Por ello el agente espacial de Air-e, Edwin Palma, ha solicitado la intervención de la Procuraduría General en este asunto, advirtiendo que funcionarios a cargo de estas entidades públicas están incurriendo en causal de destitución.
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