El panorama energético en Colombia enfrenta una de sus horas más críticas. Alejandro Castañeda, presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (ANDEG), ha lanzado una fuerte advertencia sobre la insostenibilidad financiera que rodea a la empresa Air-e, actualmente intervenida por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.
Según el dirigente gremial, los compromisos de la compañía con las generadoras de energía, que llegan a 2.5 billones de pesos, están aumentando a un ritmo mensual acelerado.
De mantenerse esta tendencia y ante la ausencia de abonos significativos, se proyecta que para el corte de diciembre la deuda total alcance los $3,2 billones de pesos, lo que representaría un incremento del 40% en el pasivo.
Esta cifra es alarmante si se compara con el estado inicial de la intervención, cuando las deudas rondaban los 500.000 millones de pesos, según datos de la Superservicios al momento de la toma en posesión de la compañía.
El riesgo inminente de racionamiento
La falta de flujo de caja no es solo un problema contable, sino una amenaza directa a la seguridad energética del país. Castañeda explicó que comprar el combustible necesario para operar las plantas térmicas de todo el país durante un mes cuesta cerca de $1.5 billones de pesos.
El hecho de que la deuda de un solo agente (Air-e) supere con creces esa cifra implica que el sector está iniciando el periodo crítico del fenómeno de El Niño sin los recursos necesarios para garantizar la operación.
“Estaríamos iniciando este fenómeno con un mes sin caja para comprar [el combustible]“, señaló el director de ANDEG, quien además advirtió que, de no encontrarse una solución clara, el país podría enfrentar racionamientos de energía a partir de abril del próximo año.
Críticas a la gestión del Gobierno
Desde ANDEG se cuestiona severamente la efectividad de la intervención estatal. Castañeda afirmó que el Gobierno Nacional “no tiene ni idea del por qué intervino la empresa Air-e” y criticó la falta de priorización para el desembolso de recursos que permitan estabilizar el sistema.
Asimismo, señaló que el cambio constante de agentes especiales dentro de la intervenida dificulta la comprensión y solución de la problemática.
La situación se agrava al observar el deterioro patrimonial de Air-e, el cual se desplomó de $2,2 billones en diciembre de 2023 a tan solo $131.500 millones en agosto de 2025, una caída del 80% que compromete su solvencia futura.
Un riesgo sistémico
Mientras la Contraloría General de la República califica la situación como un “riesgo sistémico” para todo el sector eléctrico nacional, el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, ha intentado matizar la gravedad asegurando que la empresa ya presentaba condiciones de quiebra antes de la intervención.
No obstante, la advertencia de las generadoras es clara: sin recursos para operar, la estabilidad energética de los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira, y eventualmente de todo el país, pende de un hilo.
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