Los usuarios de energía eléctrica de la región Caribe recibieron un nuevo respaldo judicial en su reclamación por los altos costos del servicio. Dos decisiones de la jurisdicción contencioso administrativa ponen nuevamente en manos del Gobierno nacional y de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) la tarea de avanzar en cambios que podrían traducirse en una reducción de las tarifas.
Por un lado, el Tribunal Administrativo del Atlántico ordenó avanzar con el desmonte de la sobretasa del 20 % que se aplica a la comercialización de energía en la región Caribe.
Por otro, el Consejo de Estado dejó en firme las órdenes para que el Ministerio de Minas y Energía y la CREG continúen las actuaciones administrativas encaminadas a modificar las fórmulas tarifarias y establecer un precio considerado justo para los usuarios.
La decisión del Tribunal Administrativo del Atlántico vuelve a poner sobre la mesa uno de los componentes del régimen especial tarifario que ha sido cuestionado por las organizaciones de usuarios: el cobro adicional del 20 % aplicado a la comercialización de energía exclusivamente en el Caribe.
De acuerdo con Norman Alarcón, vocero de la Liga de Usuarios de Servicios Públicos, el desmonte de este componente podría representar un alivio de entre $50 y $60 por kilovatio hora para los usuarios, aunque esta estimación corresponde a la interpretación de la organización de usuarios y no significa que ese sea automáticamente el valor que bajará la factura.
Alarcón sostuvo que este cobro fue establecido dentro del régimen especial adoptado para el mercado Caribe y reclamó a la CREG avanzar en su eliminación. Según el dirigente, el retiro de la sobretasa sería uno de los pasos pendientes para desmontar los componentes especiales que han incidido en el costo de la energía en la región.
La discusión tiene como antecedente las medidas cautelares adoptadas en 2024 por el Tribunal Administrativo del Atlántico frente a las resoluciones CREG 010 de 2020 y 078 de 2021. En ese momento, el tribunal ordenó estudiar el impacto económico y social del régimen tarifario y revisar los diferentes componentes que inciden en el valor final que pagan los usuarios.
Consejo de Estado exige modificar la fórmula tarifaria
A este escenario se suma la decisión del Consejo de Estado, que ratificó las medidas cautelares relacionadas con la estructura tarifaria de la región Caribe y ordenó al Ministerio de Minas y Energía y a la CREG continuar y culminar las actuaciones administrativas necesarias para modificar las fórmulas tarifarias.
La orden no se limita al componente de comercialización. La alta corporación planteó que las medidas deben contribuir a reducir el costo del servicio y establecer un precio justo, además de corregir factores que terminan trasladándose a los usuarios.
Entre las acciones señaladas están la modernización de la infraestructura eléctrica, el fortalecimiento de los sistemas de medición, la prevención de conexiones irregulares y del fraude, y una reducción efectiva de las pérdidas que hacen parte de la fórmula tarifaria.
También se ordenó verificar que las pérdidas reportadas por los operadores correspondan a la realidad y que la variación de las tarifas en el Caribe guarde proporcionalidad con el promedio nacional.
La decisión tiene especial relevancia porque el propio Consejo de Estado consideró que los usuarios no deben continuar soportando de manera prolongada los costos asociados al deterioro de las redes, la falta de inversión y las pérdidas no técnicas del sistema.
¿Qué significa para el usuario?
En términos prácticos, las dos decisiones apuntan a diferentes frentes de la misma problemática: reducir los componentes que encarecen la energía eléctrica que pagan los hogares y empresas del Caribe.
El desmonte de la sobretasa del 20 % podría generar un alivio directo sobre uno de los componentes de comercialización, mientras que la revisión ordenada por el Consejo de Estado busca una transformación más amplia de la fórmula con la que se calcula el costo del servicio.
Sin embargo, las decisiones judiciales no significan que la factura vaya a bajar automáticamente desde este mes. Para que el alivio llegue efectivamente al bolsillo de los usuarios se requiere que la CREG y el Ministerio de Minas adelanten los trámites regulatorios correspondientes y expidan las decisiones que modifiquen la estructura tarifaria.
La CREG ya había iniciado actuaciones administrativas para evaluar el régimen especial y los diferentes componentes de la fórmula, entre ellos generación, pérdidas y otros factores que inciden directamente en el costo unitario del servicio.
El debate adquiere mayor importancia en momentos en que los usuarios de departamentos como Atlántico, Magdalena y La Guajira continúan enfrentando facturas elevadas. En el caso de Air-e, por ejemplo, el costo unitario llegó a $840,15 por kilovatio hora en junio de 2026, después de haber permanecido en $796 durante varios meses.
Así, las dos decisiones judiciales vuelven a poner el foco en una pregunta que lleva varios años en el centro de la discusión energética de la Costa: cómo garantizar la sostenibilidad financiera del sistema eléctrico sin trasladar a los usuarios del Caribe costos que deberían ser asumidos mediante otros mecanismos.
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