El Gobierno de Estados Unidos prepara una nueva y masiva ofensiva migratoria que podría afectar a cerca de 200.000 extranjeros que ingresaron legalmente al país con visas de no inmigrante y, posteriormente, solicitaron asilo.
La medida, que afectaría principalmente las visas B1 y B2, sería coordinada por el Departamento de Estado y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y podría convertirse en la mayor campaña de revocación masiva de visados dirigida contra solicitantes de asilo en la historia de Estados Unidos.
El plan contempla identificar a los extranjeros que entraron al país como visitantes temporales, bajo permisos destinados a viajes de negocios o turismo, y que después iniciaron o solicitaron un proceso de asilo para permanecer en territorio estadounidense. De acuerdo con reportes basados en documentos y testimonios de funcionarios, la decisión podría alcanzar a personas que hayan obtenido estas visas entre 2016 y 2026.
“Una visa es un privilegio, no un derecho”
El portavoz del Departamento de Estado, Tommy Piggott, confirmó que las autoridades estadounidenses están trabajando con el DHS para identificar los casos que podrían ser objeto de revocación.
Según explicó, la administración estadounidense considera que las visas de no inmigrante se expiden con el entendimiento de que el viajero permanecerá temporalmente en Estados Unidos y regresará posteriormente a su país de origen.
“Nos estamos coordinando con el Departamento de Seguridad Nacional para identificar y revocar las visas de no inmigrante de extranjeros que han llegado a Estados Unidos alegando ser visitantes temporales, pero que luego han solicitado asilo para quedarse aquí permanentemente”, señaló el portavoz.
La posición de la Administración de Donald Trump es que obtener una visa con la intención de permanecer definitivamente en Estados Unidos mediante una solicitud de asilo contradice el propósito bajo el cual fue otorgado el permiso migratorio.
Piggott subrayó además el principio defendido por el Gobierno estadounidense de que una visa es “un privilegio, no un derecho”.
¿Qué visas serían revocadas?
La medida apuntaría principalmente a las visas B1 y B2, dos de los permisos de no inmigrante más utilizados para ingresar a Estados Unidos.
Visa B1: destinada principalmente a viajes temporales de negocios.
Visa B2: utilizada para turismo, visitas familiares y, en algunos casos, determinados tratamientos médicos.
El plan busca determinar cuáles titulares de estos visados ingresaron como visitantes temporales y luego solicitaron asilo para permanecer en el país. La cifra de 200.000 posibles afectados es una estimación reportada por Associated Press y retomada por distintos medios, mientras que el Departamento de Estado ha indicado que el número definitivo podría variar a medida que avance el proceso de identificación y revocación.
Revocar la visa no significaría deportación inmediata
Uno de los puntos que genera mayor preocupación entre los migrantes es qué ocurrirá con quienes ya tienen una solicitud de asilo en trámite.
Los reportes conocidos hasta ahora indican que la revocación de la visa no implicaría automáticamente una deportación inmediata. En el caso de personas con solicitudes de asilo pendientes, su situación migratoria podría quedar sujeta al proceso correspondiente y a la revisión de las autoridades estadounidenses.
Sin embargo, perderían el estatus asociado a la visa de visitante de negocios o turismo, lo que podría representar un cambio significativo en su situación migratoria.
Una de las mayores medidas contra solicitantes de asilo
La posible revocación masiva se produce en medio del endurecimiento de la política migratoria impulsada por el Gobierno de Trump desde su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025.
La administración ha aumentado las restricciones para distintos tipos de visados y ha reforzado su estrategia de control migratorio. De concretarse la medida contra cerca de 200.000 extranjeros, se convertiría en una de las mayores acciones de revocación de visados dirigidas a personas que solicitaron asilo en Estados Unidos.
El anuncio definitivo podría producirse en las próximas semanas, aunque el alcance final dependerá del proceso de revisión y de las posibles acciones legales que puedan surgir contra la medida.
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