El ICP alerta al Congreso sobre Proyecto de Ley de Competencias de la Jurisdicción Agraria

El Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga (ICP) emitió una seria advertencia al Congreso de la República, señalando los graves riesgos institucionales y de seguridad jurídica que representa la aprobación del Proyecto de Ley de Competencias de la Jurisdicción Agraria.

El punto focal de la preocupación del ICP es el artículo 9 del proyecto de ley, el cual restringe o elimina el control judicial automático en varios procesos agrarios. Esta medida, según el Instituto, amenaza la independencia judicial, pone en riesgo las garantías procesales, y restringe la protección del derecho de propiedad privada.

La iniciativa busca suprimir el control judicial automático en casos cruciales como la recuperación, reversión o revocatoria de baldíos, la condición resolutoria y la caducidad administrativa. Solo se mantendría esta garantía si el afectado presenta oposición en los procesos de clarificación de la propiedad y deslinde de tierras.

El ICP enfatiza que el control judicial automático es una garantía esencial del debido proceso diseñada para proteger a los ciudadanos de decisiones que puedan resultar arbitrarias.

En el ámbito económico y social, la organización advierte que la inseguridad jurídica sobre la propiedad rural que generaría este proyecto agravaría los conflictos por la tierra, desincentivaría la inversión en el campo y erosionaría la confianza en el Estado de derecho.

Carlos Augusto Chacón, director ejecutivo del ICP, expresó la preocupación sobre la ruptura de límites institucionales: “Cuando el Ejecutivo asume el papel de juez y parte, se rompe el límite entre la administración y la justicia, y con ello se debilita la confianza en la institucionalidad”. Chacón añadió que la independencia judicial “no es un obstáculo, es la garantía de que el poder se ejerce dentro de la ley”.

Falta de justificación y precedentes ignorados

El Instituto sostiene que el Gobierno no ha presentado fundamentos sólidos que justifiquen la eliminación o restricción del control judicial, ni ha demostrado que la intervención de los jueces obstaculice los procesos agrarios.

Por el contrario, el ICP argumenta que la experiencia demuestra que los principales problemas en la gestión agraria provienen de la falta de gestión y cumplimiento por parte de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) en la aplicación del Decreto Ley 902 de 2017. La entidad concluye que la ineficiencia del Estado no se soluciona “suprimiendo la justicia, sino fortaleciendo la independencia judicial y los contrapesos que garantizan el Estado de derecho”.

Además, el ICP recuerda que la Corte Constitucional ha reiterado consistentemente que las decisiones que afecten la propiedad rural deben ser competencia de los jueces y no de autoridades administrativas. Ignorar este precedente pondría en entredicho la constitucionalidad del proyecto y abriría la puerta a decisiones arbitrarias e irreversibles.

Exhorto al congreso: rechazar y exigir cuentas

Mediante una carta formal dirigida al Congreso, el ICP hizo un llamado urgente para que, en ejercicio de su función de control político:

1.     Rechace la aprobación del Proyecto de Ley de Competencias de la Jurisdicción Agraria, haciendo especial énfasis en el artículo 9.

2.     Exija rendición de cuentas al Ministerio de Agricultura y a la Agencia Nacional de Tierras (ANT) sobre el cumplimiento del Decreto Ley 902 de 2017 y la gestión de los procesos judiciales agrarios.

La advertencia del ICP busca proteger la institucionalidad, actuando como un faro que ilumina los riesgos de concentrar facultades judiciales en la rama Ejecutiva, lo que podría compararse con intentar navegar un barco sin brújula: se gana velocidad en la toma de decisiones, pero se sacrifica el rumbo seguro que solo la legalidad y el equilibrio de poderes pueden garantizar.

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