La Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (Andesco) expresó su profunda preocupación ante la publicación del nuevo marco tarifario para los servicios de acueducto y alcantarillado emitido por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA).
El gremio advierte que esta normativa, que afecta a 188 grandes prestadores que atienden a más de 34 millones de colombianos, pone en riesgo la sostenibilidad del servicio y la estabilidad financiera de las empresas.
Uno de los puntos más críticos señalados por Andesco es la falta de transparencia en el proceso administrativo. Según el gremio, existen cambios estructurales y sustanciales entre la versión del marco tarifario que se presentó originalmente para participación ciudadana y la que finalmente fue remitida a la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC).
Esta discrepancia limita la efectividad del proceso participativo, ya que la ciudadanía y los agentes del sector se pronunciaron sobre un texto que difiere significativamente del definitivo. Para Andesco, esto convierte la participación en un mero trámite formal, ignorando que una decisión de tal magnitud debe ser discutida sobre la base de la versión que realmente será adoptada.
Dudas sobre el rigor técnico y la viabilidad
La alerta también se enfoca en lo que el gremio describe como una ausencia de rigor técnico y una implementación apresurada. La normativa prevé entrar en vigencia el 1 de julio de 2026, un plazo que se considera inviable dada la complejidad de los requerimientos. La implementación exige: realización de estudios tarifarios detallados, estructuración de complejos planes de inversión y adecuación de sistemas de información y validaciones técnicas.
Andesco recuerda que, históricamente, la implementación de estos marcos ha tomado entre 6 y 11 meses después de discusiones que duran cerca de un año, por lo que el cronograma actual ignora la realidad operativa de los prestadores.
La “falsa promesa” de la reducción de tarifas
Aunque la CRA ha presentado este marco con la intención de reducir las tarifas, Andesco califica esto como una “falsa promesa”. Los análisis técnicos del gremio indican que ocurrirá lo contrario: las tarifas podrían sufrir presiones al alza debido a las nuevas obligaciones en inversiones ambientales, gestión del riesgo y un estándar de reducción de pérdidas basado en cálculos errados.
Estas exigencias implican altas inversiones cuya viabilidad no ha sido demostrada en todos los territorios del país. El gremio advierte que decisiones incompletas o apresuradas terminarán trasladando impactos negativos a los usuarios, afectando la calidad y continuidad del servicio.
Llamado a los entes de control
Ante este panorama, Andesco ha solicitado a la Procuraduría General de la Nación y a la Contraloría General de la República que intervengan ante los posibles perjuicios de esta regulación.
Asimismo, hace un llamado urgente a la CRA para que revise de manera integral las condiciones del marco, garantizando la sostenibilidad técnica y un periodo de transición adecuado que no comprometa la prestación de los servicios públicos en Colombia.

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