En Barranquilla urge realizar estudio de investigación sobre la extorsión

Mientras ciudades como Medellín y Bogotá cuentan con investigaciones sobre la extorsión, Barranquilla adolece de un estudio que establezca la caracterización, estudio y análisis de los actores e índice en pérdidas humanas, por este flagelo, así como si impacto a nivel económico, dado que muchas víctimas optan por cerrar su establecimiento, otras deben redoblar su sistema de seguridad (cámaras, personal de vigilancia, blindaje de vehículos, contratación de guardaespaldas, entre otros).

Expertos indican que en la capital del Atlántico pese a los grandes esfuerzos de las autoridades locales por frenar la extorsión,  aún sigue sobre el mismo eje de resultado: capturas y al poco tiempo casa por cárcel o, mejor, calle por cárcel a los involucrados. Y delitos como la extorsión y el hurto en crecimiento.

Precisan que los grupos armados delincuenciales organizados, continúan robusteciéndose, toda vez que cuentan con una de las fuentes de financiación: el dinero que obtienen de los negocios, a la fuerza, con intimidaciones y agresiones, a través de la extorsión.

Como manifiesta el director del Observatorio de Seguridad de la Uninorte, Janiel Melamed “Lo que no se mide no puede ser objeto de mejora, lo que no se entiende no puede ser objeto de una estrategia puntual”.

Por su parte, la directora de Asocentro, Dina Luz Pardo Olaya, indicó que “Llevamos 10 años ‘quejándonos’ y pronunciándonos sobre este flagelo y en esta década, la extorsión ha dejado muertos, destierros, cierre de establecimientos y, algo que no se ha dimensionado: el impacto en la salud mental y del sistema nervioso de los extorsionados y sus familiares y, para colmo, ni siquiera está tipificado este delito desde esta orilla, es decir, desde el primer momento cuando la víctima recibe la llamada y entra en shock,  en pánico, instante cuando se empieza a reflejar una afectación sicológica”.

En síntesis, dijo que “además de la afectación a la integridad física, la libertad individual y colectiva, y la propiedad privada, con la intimidación o amenaza de si no se le da al extorsionista el monto de dinero solicitado, impactará la vida de su víctima o familiares, y es ahí donde se trastoca otro terreno, sobre el cual no se juzga ni penaliza. El delito lo es, para la ley y las autoridades, cuando el hecho está consumado, cuando se ha pagado lo exigido por estos delincuentes;  el proceso y lo que se padece desde el inicio de la llamada extorsiva hasta el momento del pago -si lo hay- no cuenta”.

De acuerdo con Dina Luz Pardo, lo anterior indica que además del estudio se requiere una reforma al artículo 244 del código penal, algo que ya le han manifestado al alcalde para que se tenga en cuenta y sea presentada la solicitud a los parlamentarios del Caribe.  “Desde los gremios también hemos solicitado esta modificación”, puntualizó Pardo Olaya.